Germán Rodríguez, senador y mayor retirado de la Infantería de Marina, a quien respeto y aprecio, ha presentado un proyecto de acto legislativo para otorgar el derecho al voto a los miembros activos de la Fuerza Pública.
No dudo de su buena fe. Sé que no lo mueve un afán clientelista, sino un legítimo interés de equiparar los derechos políticos de los uniformados con los de los demás ciudadanos. Pero el asunto no es menor ni puramente legalista. Conduce de manera directa al corazón de las instituciones militares y policiales y puede afectar la estabilidad de nuestra democracia.
La debilidad principal de la propuesta es que ignora de tajo la naturaleza especial de la institución castrense en nuestro país y, peor aún, olvida la lección más dolorosa y sangrienta de nuestra historia moderna. Para entender la gravedad de lo que se pretende aprobar, es imperativo mirar lo ocurrido a mediados del siglo XX. Durante la llamada “Violencia”, el enfrentamiento partidista destruyó el tejido institucional. Policías y militares, contaminados por el sectarismo entre liberales y conservadores, perdieron su imparcialidad y su papel de protectores de la sociedad y terminaron participando en las dinámicas de la lucha partidista.
Esa profunda crisis de legitimidad y el caos institucional condujeron al golpe militar de Rojas Pinilla en 1953, que demostró el peligro inmenso de que los uniformados asuman un rol de deliberación y control político directo. La salida a esa oscura noche y la transición hacia la democracia en 1957 exigieron un pacto nacional. La Junta Militar que asumió el poder transitorio entendió que, para salvar la República, era indispensable devolver las armas a los cuarteles y despolitizarlas por completo. Según el acuerdo del Frente Nacional, trasladaron a la Policía de la órbita del Ministerio de Gobierno a la del Ministerio de Defensa, el único que no tenía representación partidista.
En ese momento fundacional de nuestra democracia moderna se consolidó el papel que, desde entonces, cumple la Fuerza Pública: el de una institución profesional, técnica, apolítica y no deliberante, cuyo único norte es la defensa de la soberanía y el orden constitucional, sin importar el color político de quien ocupe la Casa de Nariño.
No podemos legislar desde la cómoda distancia de la capital, ajenos a la terca realidad de la persistencia del conflicto armado en los territorios colombianos, ni subestimar el impacto operacional de la propuesta. Introducir el debate político-electoral en los cuarteles y bases militares abre la puerta a prender fuego a la disciplina y a la subordinación, columnas vertebrales de nuestras Fuerzas Militares.
¿Cuál sería el desenlace de un escenario en el que el comandante de un batallón profese una abierta afinidad por las tesis de un partido político y sus subalternos —los oficiales, suboficiales y soldados encargados de ejecutar las operaciones en el terreno— simpaticen con otra? ¿Cómo se sostendrán la obediencia debida y el respeto a la cadena de mando cuando las decisiones operacionales empiecen a ser leídas bajo la lupa de la sospecha partidista? ¿Cómo evitar que un ascenso, un traslado o una sanción disciplinaria se hagan o sean interpretados como un premio a la afinidad política o, en la otra cara de la moneda, como una retaliación ideológica? Si ello ya pasó en el último gobierno, ¿qué ocurriría si los uniformados pudieran votar? El riesgo de fracturar la unidad de la tropa es inmenso y las consecuencias, devastadoras para la seguridad nacional.
Las advertencias que en las últimas semanas han hecho diversos analistas y sectores de los veteranos y la reserva no pueden caer en saco roto. Señalan que la búsqueda de este derecho amenaza en forma directa la disciplina militar. Y advierten sobre los complejos desafíos éticos y psicológicos que implicaría trasladar la lógica vertical de las Fuerzas Armadas a la horizontalidad del debate electoral. Si permitimos que el virus de la polarización política contamine a quienes portan el uniforme, la institución dejará de ser el patrimonio protector de todos los colombianos para convertirse en una ficha del ajedrez electoral, con altos costos reputacionales para las FF. MM. y la Policía, y con la emergencia de peligros ya vividos en nuestro pasado: que quienes cuentan con la fuerza de las armas terminen involucrándose en la disputa política.
El argumento de que Colombia es una de las pocas excepciones en América que prohíbe el voto militar es una falacia por generalización. Nuestra historia no es la de otras naciones del continente o del mundo. Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Llevamos décadas enfrentando una agresión narcoterrorista que no da tregua. Someter a nuestros soldados y policías a las presiones, los discursos y las promesas de los candidatos a la Presidencia o al Congreso en medio de un conflicto parece ser una irresponsabilidad mayúscula. Como lo es también abrir la puerta para que el presidente de turno intente cooptar el voto de los uniformados y use, con ese propósito, su calidad y poderes de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Han pensado los promotores de la iniciativa en los riesgos que tendría para la Fuerza Pública y para el sistema democrático un presidente como Petro con la posibilidad de presionar el voto de sus subordinados?
En Colombia, la primacía del poder civil sobre el militar exige que las armas de la República permanezcan apartidistas e incontaminadas de la contienda electoral. Modificar la Constitución para abrir esta compuerta tal vez no sea un acto de inclusión democrática, sino un gravísimo error histórico que destruiría el pacto de neutralidad vigente desde 1957.
Mi análisis inicial y la discusión que he tenido con veteranos y asociaciones de las reservas sobre el punto muestran una tendencia ampliamente mayoritaria que entiende que hoy dar el voto a los uniformados es un acto de amnesia histórica suicida. Sin embargo, admito que es posible que no conozcamos otros argumentos de los defensores de la propuesta. Esperemos que se presenten en el debate en el Congreso y que en este impere la visión de Estado y el interés de preservar la democracia.
