La disputa por la tierra vuelve a poner en tensión al Gobierno nacional y a la clase política de Bolívar. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) abrió procesos administrativos contra dos predios de propiedad del congresista bolivarense Lidio García Turbay, actual presidente del Senado de la República.
Las resoluciones, expedidas el pasado 3 de septiembre y reveladas por la revista Cambio, señalan que los terrenos conocidos como El Limón y Guayabal (Arroyo de la Puente), ubicados en el municipio de Mahates, serán objeto de un procedimiento administrativo para verificar si corresponden a baldíos de la Nación ocupados de manera irregular.
El hecho de que la lupa de la ANT se pose sobre un senador que, además de ser presidente del Congreso, mantiene influencia decisiva en la política regional, le da a este proceso un tinte explosivo. El gobierno de Gustavo Petro, que ha hecho de la reforma agraria y la clarificación de la propiedad rural una de sus banderas, entra en confrontación directa con uno de los nombres más influyentes del departamento de Bolívar.
La resolución contra el predio Guayabal ordena notificar formalmente a García Turbay y a Deicy del Carmen Galofre Cabeza, además de convocar a terceros que puedan verse afectados.
Se busca garantizar la máxima publicidad y transparencia del proceso. La Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de Cartagena ya fue notificada para hacer acompañamiento.
La medida de la ANT no solo es un procedimiento administrativo: se interpreta también como una señal política en un momento en que el gobierno Petro busca mostrar avances en su reforma rural integral. El mensaje es claro: ningún apellido ni poder político estará por encima de la clarificación de los baldíos.
Para la comunidad de Mahates, lo que está en juego es el futuro de tierras claves para la producción agrícola y la tenencia de la tierra en la región. Para el país, el caso puede convertirse en un precedente de hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en su promesa de poner orden en la propiedad rural.
