Lo de los robos, apropiaciones y acumulación de tierras baldías del Estado no es nuevo. Es un problema de vieja data, cuyos autores son, en su mayoría, políticos de este mismo país.
No solo se dice, sino que se sabe que el expresidente Gustavo Rojas Pinilla fue quizás uno de los más grandes ocupadores y acumuladores de tierras baldías del Estado durante toda la historia. De él se conocieron tierras en cabeza de testaferros en extensos predios baldíos y de baja mar en lo que se conoció como Boca-Canoa, en la vía al mar, cercano al corregimiento de Arroyo de Piedra, en Cartagena; y en extensos terrenos colindantes con Manzanillo del Mar. También se le atribuyen extensiones baldías en el Cesar, en cercanías a los municipios de Gamarra y Chiriguaná, entre otros.
Pero aunque lo anterior pertenece al pasado, a los políticos actuales —especialmente a congresistas como el senador Lidio Arturo García Turbay, actual presidente del Congreso de la República— les sigue atrayendo la acumulación de tierras baldías del Estado, las cuales hacen suyas, como lo habría hecho el senador García. Según el proceso administrativo que le sigue la ANT (Agencia Nacional de Tierras), el organismo le ha pedido explicaciones sobre cómo adquirió las fincas El Limón y Guayabal, en el municipio de Mahates, Bolívar, cuando dichos predios aparecen catalogados como baldíos y son propiedad del Estado.
En un reciente Consejo de Ministros celebrado en la Casa de Nariño, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, afirmó que varios congresistas tendrían vínculos con tierras baldías ocupadas de manera irregular, entre ellos el mencionado senador por el Partido Liberal y presidente del Congreso, Lidio García Turbay. Además, añadió que un tercio de los congresistas actuales están “salpicados” en posibles maniobras ilegales relacionadas con el manejo y apropiación de predios.
El director de la ANT también recordó a la congresista Paloma Valencia, del Centro Democrático, férrea opositora del gobierno y crítica de la entidad, que su primo Nicolás Laserna Valencia estaría detrás del acaparamiento de 6.000 hectáreas de baldíos en el Vichada, mostrando un claro favorecimiento familiar sobre tierras que son del Estado.
En la lista de congresistas a quienes la Agencia Nacional de Tierras les sigue procesos administrativos por ocupación figuran: por el Partido Conservador de Córdoba, Marco Daniel Pineda y Liliana Esther Bitar; por el Partido de la U, también de Córdoba, Ana Paola García. En Puerto Carreño, de Cambio Radical, el representante Carlos Cuenca. Y la lista continúa.
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Esta acumulación de baldíos en poder de congresistas se constituye en un obstáculo que debe resolverse para poder cumplir con uno de los puntos claves de los Acuerdos de Paz de La Habana y de la Reforma Agraria. Por ello resulta impresentable que en manos de legisladores se encuentren baldíos que pertenecen al Estado.
