La captura de la alcaldesa de Cajibío, Cauca, Diana Carolina Cabanillas Valencia, debe convertirse en una alerta para todos los mandatarios locales del país. La dirigente fue detenida en Piendamó por funcionarios del CTI de la Fiscalía, acusada de presuntas anomalías en la firma de contratos durante su administración.
Según la investigación, en 2024 la mandataria habría suscrito contratos con un operador logístico para la organización del Día de la Familia Campesina sin cumplir con los requisitos legales exigidos. Un juez emitió la orden de captura al encontrar indicios suficientes de posibles irregularidades en la contratación pública.
La Fiscalía General de la Nación anunció que este domingo 14 de septiembre se iniciarán las audiencias concentradas ante el Centro de Servicios Judiciales de Popayán, en las que se definirá la situación jurídica de la funcionaria. Estas diligencias incluyen:
- Legalización de captura.
- Imputación de cargos.
- Solicitud de medida de aseguramiento.
Será durante estas audiencias que el ente acusador deberá sustentar la presunta responsabilidad de la mandataria en los hechos investigados.
Este caso advierte que la contratación pública exige transparencia, legalidad y cumplimiento estricto de los procedimientos. Cualquier anomalía puede derivar en investigaciones penales, pérdida de credibilidad y, como en este caso, en la privación de la libertad.
Las autoridades reiteran que la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos es cada vez más estricta, por lo que los mandatarios locales deben actuar con total responsabilidad y apego a la ley.
