Cartagena de Indias vuelve a estar en el ojo del huracán. La demanda interpuesta por el empresario y docente cartagenero Uriel De Arco Paternina ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito sigue su curso y tiene contra las cuerdas los acuerdos 147 y 160 de 2024, que avalaron un crédito público por 1,5 billones de pesos para obras en el Distrito.
La acusación es contundente: errores de cálculo, cifras inconsistentes y violación de indicadores legales de endeudamiento que, de comprobarse, no solo dejarían sin piso jurídico los acuerdos, sino que abrirían la puerta a sanciones penales, fiscales y disciplinarias contra los responsables.
Los puntos más explosivos de la demanda
- Incumplimiento de la Ley 819 de 2003 y la Ley 617 de 2000: según el demandante, el Distrito proyectó indicadores de superávit primario y gasto de funcionamiento que no cumplen con los requisitos mínimos para endeudarse.
- Errores en documentos oficiales: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (2024-2033 y 2025-2033) tendrían cálculos mal elaborados o manipulados. Ejemplo: para 2025 se registraron gastos de funcionamiento por $490 mil millones, cuando el presupuesto aprobado en acuerdo y decreto distrital fijaba la cifra real en $1,04 billones. Con este “error”, el indicador pasó mágicamente de cumplir la Ley 617 a incumplirla de forma evidente.
- Déficit disfrazado: los propios números muestran un superávit primario negativo de -$60.217 millones en 2024 y un indicador de apenas -162 puntos, cuando la ley exige +100 puntos para autorizar créditos públicos en distritos especiales.
- Impacto en la calificación de riesgo: Fitch Ratings podría revisar a la baja la nota del Distrito al detectar que los datos enviados no reflejan la realidad fiscal. Además, el Índice de Desempeño Fiscal, ya en un preocupante nivel de Riesgos (59,2 puntos), caería a la zona de Deterioro (<40 puntos).
Uriel de Arco advierte la existencia de “errores graves o posibles irregularidades de información”, tanto en los cuadros de deuda como en la presentación del proyecto de acuerdo 016 de 2024 por parte de la Alcaldía Distrital en cabeza de Dumek José Turbay Paz.
Las inconsistencias son tan evidentes que el demandante concluye: “la demanda es incuestionable” y exhorta a que sea el propio Concejo Distrital quien eche atrás los acuerdos antes de que lo haga la justicia.
De confirmarse los hallazgos, el Distrito no solo vería frenada la aprobación de este millonario crédito por falta de capacidad legal de endeudamiento, sino que quedaría en riesgo su estabilidad fiscal, la calificación crediticia, y la economía de empresas y hogares cartageneros, que terminarían cargando con mayores impuestos e inflación en los próximos años.
El texto de la demanda advierte que la estrategia adoptada podría provocar en el mediano plazo un deterioro económico generalizado: menor inversión privada, alzas en tasas de interés, pérdida de empleos formales y mayor pobreza en la ciudad.
La solicitud al Juzgado Sexto Administrativo es clara: declarar la nulidad de los acuerdos 147 y 160 de 2024 por incumplir los requisitos legales. El llamado también es directo a la Alcaldía y al Concejo: corregir los errores y rehacer el presupuesto de crédito con cifras reales, antes de que el caso se convierta en un escándalo judicial de grandes proporciones.
El demandante pide a la jueza del Juzgado Sexto Administrativo, fallar con justicia y en favor de los contribuyentes, las empresas y la estabilidad fiscal de Cartagena.
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La pregunta ahora es si la juez tomará la decisión histórica de tumbar los acuerdos, o si el Distrito logrará defender lo que, según la demanda, luce cada vez más como un castillo de naipes financiero.
