Cartagena de indias volvió a estremecerse la noche de este martes 18 de noviembre. El asesinato del médico Gian Carlos Gómez Arnedo, a manos de dos hombres que se acercaron en moto y dispararon sin mediar palabra, no solo arrebató una vida valiosa: volvió a recordarnos que en esta ciudad la muerte se ha vuelto rutina, el miedo se ha normalizado y la respuesta oficial sigue quedándose corta.
La escena —el caos, los gritos, la madre inconsolable, los curiosos que ya no saben si ayudar o correr— es tristemente familiar. Y lo más grave es que los ciudadanos ya conocen el libreto institucional que viene después: entrevistas, revisión de cámaras, operativos anunciados y pocas conclusiones reales. La sensación, profunda y extendida, es que la violencia avanza más rápido que las soluciones.
Durante la campaña y los primeros meses de gobierno, el alcalde Dumek Turbay prometió que el Plan Titán24 sería el giro definitivo en la lucha contra el crimen. Se presentó como un programa ambicioso, integral y respaldado por una inversión significativa. Pero la ciudad, que debería ver resultados medibles, se encuentra con un panorama distinto:
- No hay informes públicos actualizados.
- No hay indicadores claros sobre avances o impacto real.
- No hay presencia sostenida en los barrios más golpeados.
- Y la percepción ciudadana es que la delincuencia sigue imponiendo su propia agenda.
El sicariato —ese crimen que más aterroriza a los cartageneros— continúa creciendo, mientras el plan que prometía contenerlo se diluye en la memoria institucional. La ciudadanía no acusa delitos: exige explicaciones. Pide claridad. Pide resultados.
Aumentos del pie de fuerza, creación de grupos élite, unidades especializadas para combatir estructuras violentas… Los anuncios han sido múltiples y mediáticos. Sin embargo, en los barrios, la frase que más se repite es dura y reveladora: “Ponen más policías para las fotos, pero en las noches estamos solos”.
Es una crítica que no puede ignorarse. No porque busque polémica, sino porque refleja una desconexión peligrosa entre lo que se anuncia y lo que se vive. Si la seguridad se limita a comunicados optimistas, Cartagena seguirá pagando un precio demasiado alto.
Mientras los homicidios aumentan, una parte de la prensa local opta por priorizar desfiles, eventos, alfombras rojas y agendas festivas. Nada hay de malo en cubrir la vida cultural de la ciudad, pero sí es problemático cuando la violencia pasa a ser un asunto secundario. Muchos ciudadanos sienten que se ha instalado un silenciamiento tácito: una narrativa que maquilla la crisis para no incomodar a nadie. “Los noticieros hablan de reinados, no de muertos”, “Parece que vender fiesta da más clics que denunciar la inseguridad”, dicen vecinos que ya no saben a quién acudir para ser escuchados.
Una prensa libre y crítica no es un estorbo: es una herramienta fundamental para la democracia y para la seguridad misma. Cuando la violencia se normaliza en los medios, se fortalece en las calles.
La indignación acumulada no responde solo a un crimen. Responde a un patrón que se repite y a un liderazgo que, según muchos ciudadanos, debe pasar de la retórica a la acción medible. No se trata de acusaciones personales: se trata de responsabilidades públicas que cualquier administración debe asumir con transparencia.
Las demandas de los cartageneros son claras, legítimas y urgentes:
- Transparencia total sobre el Plan Titán24: su ejecución, sus avances y sus resultados.
- Refuerzos policiales efectivos: presencia real y permanente, especialmente en horarios críticos.
- Tecnología que funcione: cámaras, fibra, monitoreo y mantenimiento. No puede haber un sistema de vigilancia a medias.
- Acciones contundentes contra el sicariato: estrategias verificables, investigaciones ágiles, capturas visibles.
- Medios de comunicación que cumplan su papel: fiscalizar, cuestionar, investigar, sin miedo ni complacencia.
El asesinato del médico Gian Carlos Gómez Arnedo no es un caso aislado. Es el síntoma más reciente de una crisis que la ciudad no puede seguir evadiendo. No se requiere mano dura sin reflexión ni discursos inflados: se requieren planes reales, presencia estatal constante, transparencia y, sobre todo, voluntad política para pasar del anuncio a la acción.
Cartagena merece —y exige— algo más que titulares festivos y promesas en papel. Merece una estrategia de seguridad que funcione, que se vea en las calles y que proteja vidas. Porque la verdad es simple y contundente: el tiempo para los discursos se agotó.
