La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación relacionada con la supuesta intervención para favorecer a un particular en la asignación de un proyecto gasífero en La Guajira.
Según el ente acusador, Roa habría utilizado su posición para influir en decisiones internas de una filial de la petrolera estatal con el fin de direccionar el proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas, iniciativa energética que se evaluaba desarrollar en ese departamento del Caribe colombiano.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, los hechos investigados se habrían producido en dos reuniones realizadas entre agosto y septiembre de 2024. En esos encuentros, Roa presuntamente habría dado instrucciones al presidente de una empresa filial de Ecopetrol para que el proyecto fuera asignado a una persona específica.
Posteriormente, en enero de 2025, el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial de la empresa vinculada al particular mencionado y decidió avanzar en un memorando de negociación. Como parte de ese proceso preliminar, delegados de la compañía realizaron visitas técnicas y adelantaron varios trámites de evaluación. Sin embargo, el contrato no llegó a concretarse, debido a que la iniciativa fue suspendida.
La investigación también indaga una posible relación entre la presunta intervención de Roa y una transacción inmobiliaria realizada en Bogotá. Según la Fiscalía, el funcionario habría tenido interés en la compra de un apartamento en el norte de la capital que le fue vendido por la misma persona que supuestamente sería beneficiada con el proyecto gasífero.
De acuerdo con el expediente, la operación se habría realizado a través de una inmobiliaria y por un valor inferior al precio comercial del inmueble, además de contemplar facilidades de pago en cuotas y sin intereses.
Para el ente acusador, estas condiciones podrían constituir un indicio de un eventual beneficio derivado de la supuesta intervención en el proceso empresarial.
- Roa no aceptó los cargos
Durante la audiencia, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Roa Barragán no aceptó el cargo que le fue imputado. El proceso judicial continuará ahora en las etapas posteriores del sistema penal acusatorio, en las que la Fiscalía deberá sustentar las evidencias recopiladas y la defensa del funcionario podrá controvertirlas.
La imputación se produce en un momento sensible para Ecopetrol, considerada la empresa más importante del país y uno de los principales actores del sector energético en América Latina.
El caso también podría tener repercusiones políticas y empresariales, dado que Roa ha sido una figura cercana al gobierno del presidente Gustavo Petro y ha estado al frente de la compañía en medio de debates sobre la transición energética y el futuro de la industria petrolera en Colombia.
