Una denuncia disciplinaria encendió las alertas sobre la gestión contractual en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMAYOR), tras señalar al rector Juan Alberto Arraut Camargo por una presunta violación a los principios de transparencia y publicidad en un proceso por más de 1.500 millones de pesos.
La queja, radicada ante la Procuraduría General de la Nación por el presidente de la Veeduría Jurídica Nacional, Kevin Oliver Keep, apunta a una omisión clave: el contrato resultante de la licitación pública LP-UMAYOR-01-2025 no estaría publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
El proceso, financiado con recursos del Sistema General de Regalías, tenía como objetivo la adecuación, mantenimiento y modernización de espacios académicos, incluyendo dotación tecnológica. Fue adjudicado oficialmente el 3 de febrero de 2026. Sin embargo, según la denuncia, el documento contractual —pieza central para conocer las condiciones reales del acuerdo— no aparece disponible para consulta pública.
- Una omisión que levanta sospechas
Aunque en el SECOP reposan estudios previos, evaluaciones técnicas y el acto de adjudicación, la ausencia del contrato impide verificar aspectos fundamentales como obligaciones del contratista, cronogramas, garantías, forma de pago y posibles modificaciones.
Para la veeduría, esta situación no sería un simple descuido administrativo. Por el contrario, advierte que la falta de publicación “rompe la trazabilidad del proceso” y abre la puerta a escenarios de opacidad, posibles cambios no controlados e incluso riesgos de favorecimiento indebido. “El contrato es el corazón del proceso. Sin ese documento, no hay control real”, señala la denuncia.
- Posible falta disciplinaria grave
El documento sostiene que la conducta podría configurar una falta disciplinaria, incluso de carácter gravísimo, si se demuestra que hubo conocimiento de la irregularidad o indiferencia frente a sus consecuencias.
Entre las normas presuntamente vulneradas se citan el artículo 209 de la Constitución, que consagra la transparencia y publicidad en la función administrativa, así como el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 sobre acceso a la información pública.
Además, se advierte que la no publicación del contrato limita el control ciudadano sobre recursos públicos provenientes de regalías, un punto especialmente sensible en regiones históricamente afectadas por cuestionamientos a la gestión de estos fondos.
- Piden investigación formal
La veeduría solicitó a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria, verificar la existencia del contrato, establecer las razones de su no publicación y determinar si hubo afectación a la transparencia del proceso. También pidió ordenar la publicación inmediata del documento y adoptar sanciones en caso de comprobarse responsabilidad. Por ahora, el rector Arraut Camargo no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia.
- Transparencia en la lupa
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de control en la contratación pública y el uso de plataformas como el SECOP, diseñadas precisamente para garantizar acceso a la información y prevenir irregularidades. Mientras se define si hubo o no una omisión deliberada, la pregunta queda en el aire: ¿error administrativo o un vacío que podría esconder algo más?
