A menos de 24 horas de que Colombia elija a su próximo presidente, una pregunta incómoda irrumpe en el debate nacional: ¿quién está financiando realmente la lucha por el poder?
Mientras millones de ciudadanos se preparan para depositar su voto, detrás de los discursos, las caravanas, la publicidad y los actos multitudinarios aparece una realidad difícil de ignorar: la campaña presidencial de 2026 también ha sido una competencia de chequeras, créditos bancarios y recursos que hoy generan interrogantes sobre la transparencia electoral.
La alerta fue lanzada por Transparencia por Colombia. Según la organización, seis candidatos que participaron en la carrera presidencial aún no han reportado completamente sus movimientos financieros ante las autoridades electorales, pese a que la ley exige registrar ingresos y gastos de manera periódica.
La revelación llega en el momento más sensible de la campaña y abre un debate inevitable: si los colombianos están a punto de elegir al próximo presidente, ¿no deberían conocer con total claridad quién financia a cada aspirante?
Abelardo de la Espriella encabeza la lista con ingresos reportados por 32.000 millones de pesos, una cifra que lo acerca al límite máximo autorizado por la legislación electoral. La pregunta que surge es inevitable: mientras algunos candidatos movilizan recursos comparables al presupuesto anual de varios municipios colombianos, otros apenas reportan montos modestos para intentar llegar a la Casa de Nariño.
La campaña de Paloma Valencia supera los 7.000 millones de pesos en gastos y ha concentrado gran parte de sus recursos en propaganda electoral.
Iván Cepeda reporta ingresos por 15.000 millones de pesos obtenidos mediante crédito, una operación financiera que ha generado controversia política por las relaciones institucionales que rodean a la entidad prestamista.
Mientras tanto, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras aparecen con cifras significativamente menores, reflejando una competencia desigual en términos de capacidad económica.
Claudia López reportó ingresos por 87,3 millones de pesos, principalmente provenientes de donaciones, y gastos por 86,9 millones. De estos, 65,5 millones fueron destinados a gastos administrativos y 11,8 millones a transporte.
Por su parte, Sergio Fajardo informó ingresos por 1.576 millones de pesos y gastos por 1.401 millones. Sus recursos provienen de 100 millones propios, 60 millones aportados por familiares, 500 millones en créditos y cerca de 916 millones en aportes particulares. Entre sus gastos destacan 849 millones en administración, 252 millones en propaganda electoral, 101 millones en materiales y publicaciones, 46 millones en capacitación, 10,4 millones en eventos, 9 millones en oficinas y 126 millones en procesos judiciales y rendición de cuentas.
Roy Barreras reportó ingresos por 100 millones de pesos, correspondientes a un crédito otorgado por el abogado Juan Felipe Anzola Quintero. Sus gastos ascienden a 49,2 millones de pesos, destinados en su totalidad al pago de honorarios de colaboradores de campaña.
Pero el dato más sensible no está en quienes sí reportaron. Está en quienes todavía no lo han hecho. La ausencia de información financiera impide conocer cuánto dinero ha circulado realmente en algunas campañas, quiénes aportaron recursos y cómo fueron utilizados durante los meses de proselitismo.
En una elección donde cada voto cuenta, también empieza a cobrar fuerza otra pregunta: ¿cuánto pesa el dinero en la construcción del poder político? Independientemente de quién gane este domingo, la discusión sobre la financiación de las campañas amenaza con convertirse en uno de los temas más polémicos del escenario poselectoral.
Porque mientras los colombianos decidirán quién ocupará la Casa de Nariño, el debate sobre quién financió esa carrera apenas comienza. Y en política, muchas veces seguir la ruta del dinero termina siendo tan importante como contar los votos.
