Los homicidios de Roger Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López en el departamento del Meta encendieron las alertas sobre las condiciones de seguridad para dirigentes y equipos políticos en varias regiones del país, en medio del actual ambiente preelectoral.
Las víctimas hacían parte de una estructura política con presencia regional y fueron atacadas en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Hasta el momento, organismos judiciales y de seguridad no han confirmado oficialmente los móviles del crimen ni los responsables.
El doble homicidio generó reacciones de dirigentes políticos, organizaciones sociales y sectores ciudadanos que pidieron mayores garantías para el ejercicio de la actividad política en zonas donde persisten problemas de orden público y presencia de actores armados ilegales.
En distintas regiones del país, líderes sociales, coordinadores políticos y candidatos han denunciado amenazas, presiones y situaciones de riesgo durante actividades de campaña y recorridos territoriales. Las preocupaciones se concentran especialmente en municipios apartados donde la presencia institucional es limitada y continúan operando economías ilegales y estructuras armadas.
Tras conocerse los hechos, sectores políticos solicitaron reforzar los esquemas de protección y aumentar las medidas preventivas para dirigentes y equipos de campaña que desarrollan actividades en territorios considerados de alta complejidad en materia de seguridad.
Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas, revisión de testimonios y análisis de información de inteligencia para esclarecer el crimen y determinar si los asesinatos estarían relacionados con actividades políticas o con otras dinámicas de violencia presentes en la región.
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El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las garantías democráticas y la seguridad de quienes participan en política en diferentes zonas del país, especialmente durante periodos electorales.
