Colombia vuelve a despertarse con una noticia que debería estremecer a cualquier democracia: el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y dirigente político en el Meta. Una vez más, las balas irrumpen en la vida pública nacional y convierten el ejercicio de la política en una actividad marcada por el miedo, la incertidumbre y la muerte.
El atentado, ocurrido en zona rural del Meta, no solo cobró la vida del exmandatario local. También dejó otra víctima fatal y una sensación creciente de fragilidad institucional en un país donde la violencia parece haber recuperado espacios que durante años se intentaron contener.
Devia Escobar, reconocido además por su participación en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Meta, fue atacado en circunstancias que aún investigan las autoridades. Sin embargo, más allá de los detalles judiciales que deberán esclarecerse, el hecho tiene un profundo impacto político y simbólico: cuando asesinan a un dirigente político, no solo silencian una voz; envían un mensaje de intimidación a toda la sociedad.
Lo ocurrido en el Meta revive uno de los capítulos más dolorosos de la historia colombiana: aquel en el que las diferencias ideológicas se resolvían a sangre y fuego. Y aunque el país ha intentado avanzar hacia escenarios democráticos más sólidos, la realidad demuestra que en muchas regiones la violencia sigue teniendo capacidad de imponer miedo y alterar la vida pública.
La preocupación no surge únicamente por este crimen. Surge porque el atentado ocurre en medio de un ambiente nacional marcado por la polarización, el deterioro de la seguridad y el crecimiento de estructuras criminales en distintas zonas del país. Cada semana aparecen nuevas denuncias de amenazas, extorsiones, desplazamientos y asesinatos que alimentan la percepción de un Estado debilitado frente a los violentos.
Mientras desde el Gobierno se insiste en discursos de reconciliación y transformación social, en numerosos territorios los ciudadanos sienten una realidad completamente distinta: carreteras inseguras, presencia armada ilegal, extorsión sistemática y miedo permanente. El contraste entre el discurso oficial y lo que viven muchas regiones comienza a generar una profunda sensación de abandono.
La gravedad del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar radica también en el contexto político en el que ocurre. Colombia avanza hacia un nuevo escenario electoral cada vez más tensionado, donde los ataques verbales, la radicalización del debate y la confrontación permanente terminan creando un ambiente peligroso para la convivencia democrática.
Ninguna democracia puede consolidarse bajo amenazas. Ningún proceso electoral puede desarrollarse plenamente cuando actores políticos deben moverse entre esquemas de seguridad, alertas de inteligencia y temor constante por sus vidas. El Estado tiene la obligación de garantizar que cualquier ciudadano pueda participar en política sin convertirse en objetivo de grupos armados o estructuras criminales.
Por eso este crimen no puede reducirse a una cifra más dentro de los indicadores de violencia nacional. Lo ocurrido en el Meta representa una alerta institucional y política que debería provocar una reacción firme de todas las autoridades.
La respuesta del Estado no puede quedarse únicamente en mensajes de solidaridad o anuncios de recompensas. Colombia necesita resultados concretos: capturas, judicializaciones y recuperación efectiva del control territorial. La impunidad prolongada solo fortalece a quienes utilizan la violencia como herramienta de intimidación.
También resulta indispensable que el rechazo frente a este crimen sea unánime. La violencia política no puede relativizarse dependiendo del sector ideológico de la víctima. Cuando un dirigente es asesinado, pierde toda la democracia.
Hoy el Meta vuelve a llorar una tragedia que refleja una crisis mucho más profunda. Una nación donde demasiados ciudadanos sienten que la seguridad dejó de ser garantía y pasó a convertirse en incertidumbre diaria. Porque el verdadero peligro no es únicamente que maten a un líder político. El verdadero peligro es que el país termine acostumbrándose a ello.
