Como era previsible, apenas conocidos los resultados electorales comenzaron las explicaciones. Y entre ellas apareció una de las fórmulas más recurrentes de la política colombiana contemporánea: atribuir la derrota a factores externos antes que asumir las razones propias del resultado. La democracia tiene una regla elemental: las victorias se celebran y las derrotas se asimilan. Ambas forman parte del mismo contrato social que permite la convivencia política dentro de un Estado de derecho. Sin embargo, Colombia parece haber entrado en una peligrosa costumbre: cuando los resultados no coinciden con las expectativas de algunos sectores políticos, inmediatamente aparecen las dudas, las sospechas y las teorías sobre supuestas irregularidades.
Las declaraciones conocidas después de la jornada electoral, en las que Iván Cepeda expresó preocupación por el resultado del preconteo y pidió esperar el escrutinio definitivo, merecen una reflexión profunda. No porque solicitar transparencia sea incorrecto. Todo lo contrario. La transparencia es indispensable en cualquier democracia seria. El problema surge cuando las observaciones sobre el proceso electoral son formuladas en un contexto político extremadamente polarizado y terminan transmitiendo al ciudadano común la sensación de que existe algo oscuro detrás de los resultados.
Las palabras importan. Y cuando un dirigente político de primer nivel afirma que existen dudas sobre el proceso, menciona presuntas afectaciones en determinadas regiones, recuerda controversias anteriores y reclama que las comisiones escrutadoras «digan la verdad», inevitablemente se genera una pregunta en la opinión pública: ¿está sugiriendo que los resultados no reflejan la voluntad popular? Tal vez esa no sea la intención explícita, pero sí es la interpretación que muchos ciudadanos terminan haciendo. La situación se vuelve todavía más delicada cuando esas declaraciones coinciden con cuestionamientos similares formulados desde sectores cercanos al Gobierno Nacional.
El mensaje que recibe el país es preocupante: cuando los resultados favorecen a unos son la expresión legítima de la democracia; cuando favorecen a otros, aparecen inmediatamente las sospechas. Esa actitud representa un riesgo para cualquier sistema democrático, porque la confianza en las elecciones no puede depender de quién gane. Si los mecanismos electorales son legítimos cuando triunfa la izquierda, también deben serlo cuando triunfa la derecha. Y si las instituciones son confiables cuando producen determinados resultados, deben seguir siéndolo cuando producen resultados distintos.
Lo contrario conduce a una peligrosa erosión institucional. La Registraduría, las comisiones escrutadoras y las autoridades electorales tienen la obligación de garantizar transparencia absoluta. Pero mientras no existan pruebas concretas de irregularidades, resulta irresponsable instalar en la opinión pública la idea de que la voluntad popular fue alterada. Las democracias no sobreviven únicamente por la existencia de votos. Sobreviven porque los ciudadanos confían en que esos votos serán respetados.
Por eso llama la atención que algunos dirigentes parezcan más interesados en explicar una derrota que en comprenderla. La realidad política suele ser mucho más simple que las teorías conspirativas. A veces los electores simplemente toman una decisión diferente a la que ciertos sectores esperaban. Y eso parece haber ocurrido en esta elección. El fenómeno político que representó Abelardo de la Espriella logró conectar con millones de ciudadanos inconformes con la situación actual del país. Negar esa realidad sería desconocer lo que ocurrió en las urnas.
La política tiene una vieja tentación: creer que cuando se pierde es porque alguien hizo trampa. Pero la historia demuestra que muchas veces las derrotas obedecen a errores propios, al desgaste de los proyectos políticos o al surgimiento de nuevos liderazgos capaces de interpretar mejor el momento histórico. Es más cómodo buscar culpables que realizar una autocrítica sincera. Es más fácil señalar conspiraciones que reconocer desconexiones con la ciudadanía.
Si existen pruebas, deben presentarse ante las autoridades competentes. Si existen irregularidades, deben investigarse. Si existen delitos, deben sancionarse. Pero mientras eso no ocurra, lo responsable es respetar las reglas del juego democrático. Porque sembrar dudas sin pruebas puede producir un daño mucho más grave que cualquier derrota electoral. Puede terminar debilitando la confianza de los ciudadanos en la democracia misma.
Y cuando una nación pierde la confianza en sus instituciones, todos terminan perdiendo, incluso quienes creen estar ganando una batalla política momentánea. La democracia exige vigilancia, pero también exige responsabilidad. En tiempos de máxima polarización, cuando el país enfrenta profundas divisiones ideológicas y políticas, esta última resulta más necesaria que nunca. Porque la verdadera prueba de un demócrata no está en aceptar los resultados cuando gana, sino en respetarlos cuando pierde.
