Hay hechos que no pueden convertirse en una noticia más. Hay situaciones que obligan a detenernos, dejar de mirar las cifras y preguntarnos, con absoluta honestidad, hacia dónde estamos llevando a las nuevas generaciones.
Las denuncias ciudadanas sobre presuntas riñas protagonizadas por estudiantes de la Institución Educativa Rural San Antonio, en zona rural de Sincelejo, constituyen una de esas alertas que merecen toda la atención de la sociedad. Corresponderá a las autoridades verificar los hechos y establecer responsabilidades. Sin embargo, más allá del resultado de las investigaciones, el caso vuelve a poner en evidencia un fenómeno que crece silenciosamente en muchos colegios del país: la violencia entre adolescentes.
No se trata únicamente de una pelea. Tampoco de un episodio aislado que pueda resolverse con una sanción disciplinaria. Cuando un estudiante decide citar a otro para enfrentarlo físicamente, cuando las redes sociales se convierten en escenario para convocar agresiones o cuando la violencia comienza a verse como una forma válida de resolver diferencias, estamos frente a un problema mucho más profundo que trasciende las paredes de cualquier institución educativa.
La escuela debería ser el primer escenario donde los jóvenes aprendan a convivir con quienes piensan distinto. Allí se forman ciudadanos, no solamente estudiantes. Allí se enseña matemáticas y lenguaje, pero también respeto, empatía, tolerancia y resolución pacífica de los conflictos. Cuando esas bases empiezan a resquebrajarse, toda la sociedad debe sentirse interpelada.
Resulta inevitable preguntarse qué está ocurriendo con nuestros adolescentes. En los últimos años se han vuelto frecuentes las noticias sobre riñas escolares, acoso, agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, consumo de sustancias psicoactivas y conflictos que rápidamente se viralizan en las redes sociales. Lo preocupante es que muchos de estos episodios comienzan a verse con una peligrosa normalidad, como si hicieran parte inevitable de la vida escolar y no debería ser así.
Cada caso obliga a revisar el funcionamiento de los mecanismos creados precisamente para prevenir estas situaciones. ¿Están operando adecuadamente los comités de convivencia escolar? ¿Se están identificando oportunamente los estudiantes con factores de riesgo? ¿Existe suficiente acompañamiento psicológico dentro de las instituciones educativas? ¿Las familias participan activamente en los procesos de formación? ¿Las secretarías de Educación cuentan con estrategias efectivas de prevención?
Son preguntas necesarias porque la violencia no aparece de manera espontánea. Generalmente viene precedida por señales que muchas veces pasan inadvertidas: conflictos reiterados entre estudiantes, aislamiento, cambios de comportamiento, intimidaciones, problemas familiares, ausencia de supervisión, dificultades emocionales o falta de atención psicosocial. Ignorar esas señales puede tener consecuencias irreparables.
También sería un error trasladar toda la responsabilidad a los docentes. El maestro educa, orienta y acompaña, pero no reemplaza el papel de la familia. La formación en valores comienza en el hogar. Allí se aprende el respeto por los demás, el manejo de la frustración, el control de las emociones y la capacidad para resolver diferencias mediante el diálogo. Cuando esos cimientos fallan, la escuela enfrenta una tarea mucho más compleja.
Vivimos, además, en una sociedad donde la confrontación parece imponerse sobre el diálogo. Los niños y adolescentes consumen diariamente contenidos cargados de agresividad, intolerancia y descalificaciones. Las redes sociales amplifican los conflictos, convierten las diferencias en espectáculos públicos y, en ocasiones, premian la violencia con miles de reproducciones y comentarios. Ese entorno también educa, aunque muchas veces no queramos reconocerlo.
Por eso este no puede ser un debate reducido a determinar quién tuvo la culpa. Lo verdaderamente importante es comprender qué estamos dejando de hacer como sociedad para que cada vez más jóvenes encuentren en los golpes una respuesta a sus diferencias.
La prevención debe convertirse en una prioridad. Se necesitan más psicólogos en las instituciones educativas, mayor presencia de profesionales en orientación escolar, programas permanentes de educación emocional, fortalecimiento de los comités de convivencia, participación activa de los padres y campañas continuas lideradas por las autoridades de infancia y adolescencia.
Asimismo, resulta indispensable que las instituciones educativas trabajen de manera articulada con la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y los organismos de salud mental para identificar oportunamente situaciones de riesgo antes de que escalen a hechos lamentables.
La violencia escolar no puede seguir tratándose únicamente cuando ocurre una tragedia. La verdadera política pública debe enfocarse en prevenir, acompañar y formar. Las presuntas riñas registradas en Sincelejo deben convertirse en una oportunidad para reflexionar y actuar. No para señalar, sino para corregir. No para dividir, sino para construir soluciones.
Nuestros estudiantes necesitan más escucha que sanciones; más orientación que castigos; más oportunidades para dialogar que espacios para enfrentarse. Cada joven que aprende a resolver un conflicto mediante la palabra representa una victoria para toda la sociedad.
La escuela debe volver a ser el lugar donde nacen los sueños, donde se construyen proyectos de vida y donde se aprende que las diferencias pueden resolverse con argumentos, nunca con violencia.
Porque educar no consiste únicamente en preparar a los estudiantes para aprobar un examen. Educar significa enseñarles a convivir. Y quizás ese sea hoy el examen más difícil que enfrenta Colombia.
