Colombia acaba de entrar en una nueva etapa política, pero los grupos armados ilegales parecen haber decidido que el cambio de Gobierno también debe convertirse en una prueba de fuerza. En las primeras horas posteriores a la posesión del presidente Abelardo De la Espriella, el país ha recibido una sucesión de ataques, hostigamientos, artefactos explosivos y acciones con drones dirigidas contra la Fuerza Pública y objetivos estratégicos. No es una percepción. Es una radiografía de la seguridad nacional.
Y precisamente por eso hay que formular la pregunta que muchos colombianos comienzan a hacerse: ¿estamos ante el comienzo de una ofensiva criminal destinada a medir al nuevo Gobierno o ante el último intento de unas estructuras ilegales que saben que el Estado está dispuesto a enfrentarlas?
La respuesta todavía no está escrita. Pero los hechos permiten advertir algo: el pulso ya comenzó. Los ataques con drones cargados con explosivos contra unidades militares, los hostigamientos contra instalaciones policiales, los artefactos instalados en corredores viales y las acciones contra infraestructura estratégica demuestran que los grupos armados ilegales conservan capacidad para producir terror, alterar la movilidad y desafiar la presencia institucional.
La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por los recientes hechos de violencia y advirtió sobre los riesgos de una eventual escalada. La advertencia no puede ser tomada a la ligera. Aquí aparece lo que podríamos denominar el “efecto Abelardo”.
El nuevo Gobierno llegó al poder anunciando una política de seguridad mucho más contundente frente al narcotráfico, las organizaciones armadas ilegales y las economías criminales. Por eso, los violentos tienen un incentivo evidente para probar hasta dónde llega esa determinación.
No necesariamente porque sean más fuertes que el Estado, sino porque necesitan conocer la capacidad de reacción, la voluntad política y la estrategia operacional del nuevo Gobierno. Y en términos geoestratégicos, el problema es todavía más complejo.
Colombia no enfrenta un único enemigo. El escenario criminal está fragmentado entre disidencias, organizaciones narcotraficantes, estructuras armadas y grupos con intereses territoriales, económicos y estratégicos diferentes. Buena parte de ellos persigue objetivos similares: controlar corredores estratégicos, dominar zonas de producción, garantizar rutas del narcotráfico, imponer rentas ilegales y someter a comunidades enteras.
Por eso, atacar una estación de Policía, hostigar una unidad militar o instalar explosivos en una carretera no constituye únicamente una acción violenta. También es un mensaje. Es la manera de decirle al Estado: “aquí seguimos”. Pero el Estado debe responder con inteligencia, no con improvisación.
La utilización de drones modificados para transportar explosivos demuestra que la guerra irregular en Colombia está evolucionando. Ya no basta con proteger físicamente una instalación. Se requiere inteligencia anticipada, vigilancia tecnológica, sistemas antidrones, capacidad de reacción, protección de infraestructura crítica y operaciones de precisión. La tecnología cambió las reglas del enfrentamiento y el Estado está obligado a adaptarse con mayor rapidez que sus adversarios.
El segundo gran desafío está en los corredores viales. La colocación de explosivos en carreteras tiene un doble propósito: afectar físicamente la infraestructura y producir miedo. Una vía bloqueada significa comercio detenido, transporte paralizado, campesinos incomunicados y comunidades sometidas a la voluntad del criminal.
Ese es, en última instancia, uno de los objetivos del terrorismo: hacer sentir al ciudadano que el Estado no puede protegerlo. Y ahí aparece una de las primeras pruebas de fuego para el presidente Abelardo De la Espriella.
No se trata simplemente de responder a cada atentado. Se trata de recuperar progresivamente el control territorial, proteger a la población civil, perseguir las estructuras financieras del narcotráfico, golpear sus cadenas logísticas, neutralizar a sus mandos y garantizar que ningún grupo armado pueda convertirse en autoridad de facto en una región colombiana.
La palabra clave debe ser inteligencia. La segunda, operación. La tercera, justicia. Porque someterse ante los criminales significaría permitir que el miedo determine la política de seguridad. Pero responder exclusivamente con fuerza, sin inteligencia, sin coordinación institucional y sin estrategia territorial, tampoco resolvería el problema.
Colombia necesita una política integral que combine sometimiento a la justicia para quienes decidan abandonar voluntariamente el crimen y neutralización efectiva de quienes persistan en atacar al Estado y a la población civil. Esa diferencia es fundamental.
Quien quiera desmovilizarse, entregar las armas, abandonar el narcotráfico y someterse a la justicia debe encontrar una puerta institucional clara, seria y verificable. Pero quien decida utilizar explosivos, drones, fusiles y terrorismo para desafiar al Estado debe encontrar enfrente a un Estado preparado para actuar dentro de la Constitución y la ley.
No existe contradicción entre paz y seguridad. Sin seguridad, la paz termina convirtiéndose en una palabra vacía. El presidente Abelardo recibe un país con una enorme deuda en materia de control territorial. Su primer gran desafío no es discursivo. Es operativo.
Los grupos armados ilegales ya lanzaron el reto. Ahora corresponde al Estado contestar. Y la respuesta no puede construirse desde la emoción, la improvisación o la reacción inmediata. Tiene que ser fría, profesional, coordinada y contundente: inteligencia para localizar; Fuerzas Militares y Policía para actuar; Fiscalía y jueces para judicializar; y presencia institucional para recuperar los territorios.
La seguridad tampoco puede reducirse a operaciones militares. Allí donde el Estado recupera un territorio, debe llegar inmediatamente la institucionalidad: justicia, educación, salud, infraestructura, oportunidades económicas y protección efectiva para la población.
Porque si el Estado llega únicamente con fusiles y después vuelve a desaparecer, el vacío será ocupado nuevamente por el crimen. La historia reciente demuestra que las organizaciones criminales suelen probar primero al Estado antes de temerle. Por eso estos primeros días son importantes.
Los grupos ilegales están observando. Los soldados y policías están observando. Pero, sobre todo, los colombianos están observando.
Quieren saber si Colombia continuará siendo un territorio donde los criminales imponen las condiciones o si, finalmente, el Estado recuperará la iniciativa. El llamado “efecto Abelardo” apenas comienza. Y la pregunta ya no es solamente quién atacó. La verdadera pregunta es mucho más profunda: ¿Quién tendrá la iniciativa durante los próximos cuatro años: el Estado o los criminales?
La respuesta no se construirá con discursos. Tendrá que demostrarse con hechos. Porque en seguridad, como en la guerra, las palabras pueden anunciar una estrategia, pero solamente los resultados demuestran quién tiene realmente el control.
