El presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha una estrategia para enfrentar una eventual temporada de sequía entre finales de 2026 y comienzos de 2027. El plan contempla incentivos al ahorro de energía, cobros adicionales para determinados incrementos de consumo y medidas para garantizar generación térmica. El Gobierno asegura que busca evitar un escenario de desabastecimiento y contener el impacto sobre las tarifas, especialmente en regiones como el Caribe y Chocó.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió no esperar a que llegue el fenómeno de El Niño para reaccionar. El presidente anunció la puesta en marcha del Plan Energía YA, una estrategia con la que su administración pretende anticiparse a los efectos de una eventual temporada de sequía prevista para finales de 2026 y comienzos de 2027 y, de paso, evitar que una reducción significativa de los niveles de los embalses termine convirtiéndose en una nueva crisis energética para Colombia.
El anuncio tiene un evidente componente político: la Casa de Nariño busca mostrar que el Gobierno está tomando decisiones antes de que la emergencia aparezca y no después de que el problema llegue a los hogares y empresas.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el objetivo es proteger el suministro eléctrico de los colombianos y anticiparse a los efectos del fenómeno climático. La estrategia incorpora dos decisiones que, según el Gobierno, resultan determinantes para afrontar el periodo de menor disponibilidad hídrica.
La primera medida está relacionada directamente con el comportamiento de los usuarios. De acuerdo con lo anunciado por el presidente, quienes reduzcan su consumo mensual en más del 10% frente a una meta individual podrán recibir un beneficio en su factura. En sentido contrario, quienes incrementen su consumo por encima de ese mismo porcentaje enfrentarán un cobro adicional.
La lógica del Gobierno es sencilla: incentivar el ahorro antes de que las reservas hídricas lleguen a niveles críticos. Pero la decisión también abre una discusión política inevitable: ¿hasta dónde puede trasladarse al usuario la responsabilidad de prevenir una eventual crisis energética?
El Ejecutivo sostiene que se trata de un mecanismo preventivo y no de una medida destinada a castigar indiscriminadamente a los consumidores. Además, estableció una excepción especialmente relevante: los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán excluidos del esquema.
La decisión busca evitar que comunidades que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia tengan que asumir una carga adicional sobre sus facturas de energía.
La segunda medida apunta al corazón del problema: las reservas de los embalses. El Gobierno anunció un mecanismo para garantizar desde ahora la generación térmica necesaria durante el periodo de menor disponibilidad de agua.
La estrategia pretende que las plantas térmicas tengan un papel mayor cuando disminuya la generación hidroeléctrica, permitiendo conservar el agua almacenada en los embalses y reducir el riesgo de que Colombia tenga que enfrentar una situación de desabastecimiento. Aquí aparece uno de los puntos más sensibles de la política energética.
La generación térmica puede convertirse en una herramienta fundamental para garantizar confiabilidad durante una sequía, pero su operación también tiene implicaciones económicas y regulatorias que terminarán repercutiendo en el mercado eléctrico.
Por eso, el Gobierno intenta enviar un mensaje tranquilizador: la prioridad, según el presidente, será proteger al consumidor y evitar incrementos desbordados en el precio de la energía.
- Caribe y Chocó, en el radar del Gobierno
El presidente De La Espriella señaló especialmente a regiones como el Caribe y Chocó, consideradas entre las zonas que podrían estar más expuestas a los efectos económicos y sociales de una eventual crisis energética.
En el Caribe colombiano, el precio y la calidad del servicio eléctrico llevan años ocupando un lugar central en el debate político regional. Cualquier decisión que tenga efectos sobre las tarifas puede convertirse rápidamente en un asunto de enorme sensibilidad ciudadana.
Por eso, Energía YA no es solamente un plan técnico para enfrentar El Niño: también representa una apuesta política del Gobierno para demostrar capacidad de anticipación frente a uno de los problemas que más golpea el bolsillo de los colombianos.
El propio presidente reconoció que las nuevas medidas podrían generar variaciones en las facturas de determinados usuarios. Sin embargo, defendió el esquema argumentando que el precio promedio nacional sería inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar si se mantuviera el esquema anterior.
La afirmación abre otro frente de debate: el Gobierno tendrá que demostrar con cifras, no solamente con anuncios, que la estrategia efectivamente permitirá contener el costo de la energía durante el periodo crítico. Porque una cosa es evitar el desabastecimiento y otra, igualmente importante para millones de familias, evitar que la solución termine convirtiéndose en una nueva presión sobre el bolsillo. Con el Plan Energía YA, el Gobierno intenta marcar distancia de una política de reacción tardía.
La apuesta de De La Espriella es anticiparse: ahorrar energía ahora, preservar agua en los embalses, asegurar generación térmica y preparar al sistema para un escenario climático adverso.
El Gobierno tendrá que demostrar que las medidas anunciadas funcionan, que las reservas pueden mantenerse en niveles adecuados, que la generación térmica responde cuando sea necesaria y, especialmente, que los usuarios no terminarán pagando una factura desproporcionada por prevenir una crisis que todavía no ha llegado.
Porque el éxito de Energía YA no se medirá en el anuncio presidencial. Se medirá cuando llegue la sequía, cuando el nivel de los embalses esté bajo presión y los colombianos enciendan la luz de sus casas esperando dos cosas: que haya energía y que puedan pagarla.
