Treinta días no bastan para cambiar a Colombia. Pero sí alcanzan para empezar a identificar el rumbo, las prioridades y, sobre todo, la manera de ejercer el poder. Abelardo De La Espriella llegó a la Presidencia con una promesa política definida: recuperar la autoridad del Estado, fortalecer la seguridad y devolverle confianza a una ciudadanía golpeada por la violencia, la incertidumbre y el deterioro del orden público.
Apenas tres días después de su posesión, el nuevo Gobierno recibió una prueba que ningún discurso de campaña podía anticipar: el terremoto del 10 de agosto. La tragedia golpeó con especial fuerza a Chocó y a otras regiones del país, dejando destrucción, dolor y miles de familias afectadas. Frente a la emergencia, el presidente asumió personalmente la conducción de la respuesta estatal, se desplazó a las zonas afectadas y activó la institucionalidad para atender a las comunidades damnificadas.
Ese primer comportamiento frente a la tragedia merece ser reconocido. Gobernar también significa responder cuando el país enfrenta situaciones que no estaban previstas en ningún programa de gobierno.
Pero una emergencia no termina cuando las cámaras se retiran. El verdadero desafío comienza ahora: reconstruir viviendas, recuperar infraestructura, garantizar servicios públicos y devolverles oportunidades a las familias que perdieron buena parte de lo que tenían. La atención inmediata es indispensable; la reconstrucción será la verdadera prueba de capacidad del Estado.
El otro gran capítulo de este primer mes está en la seguridad. El Gobierno decidió colocar nuevamente a la Fuerza Pública en el centro de la estrategia contra las organizaciones criminales y recuperar una política de confrontación directa frente a estructuras armadas, redes del narcotráfico y grupos dedicados a la extorsión y otras economías ilegales.
El balance oficial divulgado durante estos primeros treinta días reporta 15.401 capturas y más de 71 toneladas de droga incautadas, cifras que evidencian actividad operacional y una decisión política de enfrentar a las organizaciones ilegales.
Como ciudadano, miembro de la reserva militar y periodista, no oculto mi afinidad con el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Creo en la autoridad, en nuestros soldados y policías y en la necesidad de recuperar el territorio. Pero precisamente por eso hay que decirlo con claridad: respaldar un proyecto político no puede significar renunciar al rigor periodístico.
Las cifras operacionales son importantes. Sin embargo, una política de seguridad no puede medirse únicamente por el número de capturas o toneladas incautadas. El verdadero éxito llegará cuando el ganadero pueda trabajar sin miedo al abigeato y la extorsión; cuando el comerciante pueda abrir y cerrar su negocio sin pagarle a nadie por protección; cuando el campesino pueda transitar por las carreteras sin encontrarse con grupos armados; cuando nuestros jóvenes estén lejos del reclutamiento criminal y cuando las familias puedan recuperar algo que durante años se ha convertido en un privilegio: vivir tranquilas.
Y hay otra condición indispensable: que cada operación de la Fuerza Pública se desarrolle dentro de la Constitución y la ley. Porque la autoridad democrática no se debilita cuando respeta los derechos fundamentales. Se fortalece.
La contundencia y la legitimidad no son conceptos contradictorios. Son las dos columnas sobre las cuales debe construirse una política de seguridad sostenible.
El primer mes de De La Espriella deja señales claras: el Gobierno tuvo que enfrentar una tragedia natural de gran magnitud, convirtió la seguridad en una de sus principales prioridades y comenzó a mostrar resultados operacionales. Pero sería prematuro hablar de una transformación del país.
Colombia necesita mucho más que capturas e incautaciones. Necesita justicia eficaz, instituciones presentes en los territorios, inversión social, infraestructura, empleo, educación y oportunidades para quienes hoy están expuestos a las organizaciones criminales.
No es momento de cantar victoria. Pero tampoco de desconocer los resultados que comienzan a aparecer. El presidente tiene cuatro años por delante para demostrar si su apuesta por la autoridad puede convertirse en seguridad; si la seguridad puede transformarse en confianza; y si esa confianza puede terminar convirtiéndose en desarrollo. Porque al final, no serán los discursos, las promesas ni las cifras iniciales las que escribirán la historia de este Gobierno.
