Desde los despachos de las grandes capitales hasta los municipios olvidados de la Colombia rural, hay una indignación que atraviesa al país: los ciudadanos están cansados de pagar impuestos, elegir gobernantes y terminar convertidos en víctimas de un Estado que, demasiadas veces, no responde a sus necesidades. El dinero público no puede seguir bajo la sombra de intereses particulares, favores políticos, clientelismo y maquinarias electorales. ¡El erario no es propiedad de quienes gobiernan, ni un premio para quienes ganan las elecciones!
El enfrentamiento entre el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, puso sobre la mesa una discusión que Colombia no puede seguir aplazando: ¿quién vigila a quienes administran los recursos de todos? ¿Quién garantiza que el dinero destinado a las comunidades no termine atrapado en contratos cuestionados, proyectos sin resultados o decisiones que benefician intereses distintos al bien común? Y, sobre todo, ¿por qué los ciudadanos tienen que conformarse tantas veces con promesas, explicaciones y discursos mientras sus necesidades siguen esperando?
¡Basta de convertir la lucha contra la corrupción en un espectáculo de micrófonos, acusaciones y confrontaciones políticas! Si el Gobierno nacional tiene razones documentadas para advertir riesgos en el manejo de recursos públicos, que active los mecanismos legales, presente las pruebas y garantice una vigilancia rigurosa. Si existen irregularidades, que se investiguen hasta las últimas consecuencias. Y si se demuestra que alguien utilizó ilegalmente el dinero público para favorecer intereses particulares, que responda ante la justicia, sin padrinos, sin privilegios y sin importar su partido político.
Pero hay una condición indispensable: la ley debe aplicarse con la misma fuerza a todos. No puede haber una vara para los contradictores y otra para los aliados. No puede hablarse de transparencia mientras se exige rendición de cuentas a unos y se guarda silencio frente a las actuaciones cuestionadas de otros. La corrupción no tiene partido, y combatirla de verdad exige investigar sin calcular el costo electoral ni medir la conveniencia política del señalado.
El caso de Sincelejo no debe convertirse en una condena anticipada contra Yahir Acuña ni en una victoria propagandística para Abelardo de la Espriella. La presunción de inocencia debe respetarse, las pruebas deben examinarse y las responsabilidades deben establecerse por las autoridades competentes. Sin embargo, que nadie confunda esa garantía judicial con una patente para esquivar las preguntas ciudadanas. Ningún alcalde, gobernador o presidente está por encima del escrutinio público. Quien administra recursos de la gente tiene la obligación de explicar cómo los utiliza, qué resultados obtiene y quiénes se benefician de cada inversión.
Mientras los dirigentes se enfrentan, las comunidades siguen esperando. Esperan escuelas dignas, hospitales que atiendan, carreteras transitables, agua potable, seguridad, alimentación escolar y oportunidades de empleo. El campesino necesita vías para sacar sus cosechas; los padres necesitan garantías de que sus hijos recibirán una alimentación adecuada; los pacientes necesitan atención oportuna; y los habitantes de los barrios populares necesitan servicios públicos que funcionen. Cada peso público que se pierde por una conducta ilegal, cada obra que no cumple su propósito y cada contrato irregular que se llegue a comprobar representa una oportunidad que se le arrebata a la gente.
Por eso, la corrupción no es un asunto menor ni una simple pelea entre políticos. Es una agresión contra las posibilidades de desarrollo de millones de colombianos. Cuando el presupuesto se utiliza indebidamente, no solo se comprometen recursos financieros: se destruye la confianza, se profundiza la desigualdad y se castiga a quienes menos tienen. El ciudadano que paga sus impuestos no puede ser tratado como un espectador al que únicamente se le convoca cada cuatro años para depositar un voto.
¡No más discursos anticorrupción sin resultados verificables! No basta con anunciar controles, cuestionar adversarios o posar frente a las cámaras. Hay que publicar los contratos, revelar sus beneficiarios cuando corresponda conforme a la ley, verificar la ejecución de las obras, auditar los pagos, explicar los sobrecostos y demostrar que las inversiones produjeron resultados. La transparencia no se mide por el volumen de las declaraciones de un gobernante, sino por la posibilidad real de que cualquier ciudadano pueda comprobar qué se hizo con su dinero.
En ese punto, Abelardo de la Espriella tiene una responsabilidad que va más allá de la confrontación pública: explicar cuáles son las medidas concretas, legales y verificables que se adoptarán para proteger los recursos destinados a Sucre. ¿Qué controles se implementarán? ¿Cómo se hará seguimiento a los proyectos? ¿Qué información estará disponible para la ciudadanía? ¿Qué garantías tendrán las comunidades de que las inversiones llegarán a su destino?
Si el propósito es defender el erario, el resultado debe ser una gestión más transparente, no simplemente un nuevo capítulo de la disputa política.
Y a Yahir Acuña le corresponde responder, con documentos y explicaciones verificables, a los cuestionamientos que recaigan sobre su administración. No bastan las controversias sobre videos ni los cruces de declaraciones. La ciudadanía necesita conocer el contexto completo, los soportes documentales y las actuaciones oficiales pertinentes. Si las decisiones administrativas son legales, deben poder sustentarse; si existen dudas razonables, deben aclararse; y si las autoridades encuentran pruebas de conductas irregulares, deben actuar conforme a sus competencias.
Esta exigencia no termina en Sincelejo. También debe llegar a Cartagena, Barranquilla, Montería, Riohacha, Bogotá y cada municipio donde se administran presupuestos públicos. Debe alcanzar a los alcaldes que contratan, a los gobernadores que distribuyen recursos y a los funcionarios nacionales que deciden dónde y cómo se invierten los dineros de los colombianos. El presupuesto público no es una recompensa por ganar elecciones, ni una caja menor para sostener clientelas, pagar favores o alimentar ambiciones de poder.
Colombia necesita organismos de control independientes, auditorías oportunas, contratación abierta, investigaciones sin interferencias y sanciones sustentadas en pruebas. Necesita recuperar los recursos cuando legalmente corresponda y cerrar las puertas a los mecanismos que permiten que los intereses particulares se impongan sobre las necesidades colectivas. También necesita proteger a quienes denuncian de buena fe y garantizar que las solicitudes de información pública reciban respuestas oportunas y de fondo.
A quienes utilizan la lucha anticorrupción como arma contra sus adversarios hay que exigirles coherencia. No se puede prometer transparencia para el enemigo y ofrecer silencio para el amigo. No se puede presentar como una cruzada moral lo que termina siendo una disputa de conveniencias. La verdadera prueba de un gobernante no está en cuánto acusa a sus contradictores, sino en cuánto permite que la ciudadanía examine su propia gestión y la de quienes integran su equipo.
Desde Sucre hasta La Guajira, desde Bolívar y Córdoba hasta el Chocó, el Eje Cafetero y los territorios más apartados, los colombianos merecen que cada peso invertido tenga un propósito, un responsable y un resultado comprobable. La gente no necesita más héroes de micrófono ni salvadores de temporada. Necesita gobernantes que cumplan, funcionarios que respondan e instituciones que no se arrodillen ante el poder.
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¡Que quede claro de una vez por todas: ganar las elecciones no convierte a nadie en dueño del Estado! El voto otorga un mandato temporal para gobernar, no una autorización para disponer del erario a conveniencia. Quien administra debe rendir cuentas; quien contrata debe responder por sus actuaciones; quien denuncia debe aportar elementos verificables; y quien resulte responsable de una conducta ilegal debe afrontar las consecuencias establecidas por la ley.
La pregunta de fondo no es quién gana el pulso entre Abelardo de la Espriella y Yahir Acuña. La pregunta es quién garantiza que los recursos destinados a Sincelejo y al resto de Colombia se conviertan en bienestar para la población. Porque cuando el dinero público se administra correctamente, gana la sociedad. Cuando se desvía ilegalmente, pierden los niños, los enfermos, los campesinos, los trabajadores y las familias que llevan años esperando soluciones.
Colombia no necesita más políticos que prometan combatir la corrupción mientras el ciudadano sigue pagando las consecuencias. Necesita hechos, pruebas, controles y justicia. ¡El erario no tiene dueño particular, el poder no otorga impunidad y la plata de los colombianos se respeta!
