Llevo un par de años advirtiendo que el comportamiento demográfico en Colombia ha cambiado de manera radical y plantea un desafío colosal. La esperanza de vida ha aumentado sustancialmente y ahora es de 77,5 años: entre 74 y 75 años para los hombres y entre 80 y 81 para las mujeres. En paralelo, el año pasado se registraron 433.678 nacimientos, una caída del 4,5 % en comparación con 2024. Nuestra tasa de fecundidad, de 1,0 en 2025, es la más baja de América Latina y está por debajo de la de todos los países europeos, excepto España. Para 2050, uno de cada cinco colombianos tendrá más de 65 años. Y si en 2023 había 6,6 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, las proyecciones advierten que, hacia 2070, serán apenas 2,4.
Colombia enfrenta una transición silenciosa, pero inexorable: el país está envejeciendo mucho más rápido de lo que adapta su economía. Esta transformación altera por completo la sostenibilidad de nuestro aparato productivo y fiscal. Los datos expuestos en el estudio especial del Banco de la República, «Cambio demográfico y sus impactos económicos en Colombia», son contundentes y exigen reflexiones profundas. Las alarmas están encendidas y el análisis técnico nos obliga a plantear soluciones estructurales e inmediatas ante este drástico cambio.
La transformación demográfica modifica radicalmente la ecuación de las pensiones, la salud, el cuidado y el crecimiento general del país. Sencillamente, habrá menos trabajadores para sostener las crecientes necesidades de una población cada vez más envejecida. La reforma pensional promovida por Petro no resuelve el problema de fondo; por el contrario, lo agrava ostensiblemente al basarse en un modelo insostenible que recarga de forma irresponsable las obligaciones fiscales sobre las futuras generaciones.
Para empeorar el panorama, la realidad actual demuestra que el país llega muy mal preparado a esta encrucijada institucional. Por un lado, la informalidad laboral, que alcanza un promedio del 55 %, significa que una proporción considerable de los colombianos no cotiza para pensión ni contribuye al sistema de salud mediante el empleo formal. Por otro, la productividad de nuestra economía es muy baja, debido, al menos en parte, a la deficiente calidad de la educación pública y privada, como evidencian los resultados de las pruebas PISA. Además, hoy en día solo uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación recibe efectivamente una pensión. En el caso de las mujeres, la cobertura es todavía menor. Esta brecha socioeconómica alarmante se explica, en buena parte, por los altos índices de informalidad laboral femenina y por las pesadas cargas históricas de cuidado no remunerado que tradicionalmente han recaído sobre ellas en el hogar.
Ante esta realidad, se debe garantizar un ingreso mínimo digno para quienes lleguen a la vejez sin una pensión. Estos mecanismos solidarios son indispensables en una sociedad justa, pero exigen una financiación fiscalmente sostenible a largo plazo. Ampliar la cobertura de manera desordenada y sin prever su costo real solo aplaza y profundiza el problema central. La ruta correcta es actuar con responsabilidad y aumentar progresivamente el subsidio para los adultos mayores, garantizando siempre la viabilidad fiscal de la nación, tal como lo demostramos desde el Centro Democrático al promover con éxito la Ley 1912 de 2018.
Paralelamente, se debe construir un verdadero sistema nacional de cuidado. Aumentar la participación laboral femenina requiere guarderías y educación preescolar de calidad, así como atención integral para los adultos mayores, que permita liberar parte del tiempo que hoy millones de mujeres destinan al cuidado doméstico no remunerado. Desde el Centro Democrático hemos dado pasos firmes en esa dirección con iniciativas como la ley «Estado Contigo», priorizando el apoyo a las madres cabeza de familia para aliviar sus cargas diarias.
Por otra parte, ante una población en edad de trabajar que crecerá cada vez menos durante las próximas décadas, es urgente aumentar la productividad. Lograrlo exige mejorar la educación y la formación técnica para el trabajo, impulsar una mayor adopción tecnológica en todos los sectores y eliminar los obstáculos regulatorios que impiden que las empresas crezcan y se formalicen adecuadamente.
Asimismo, se debe adaptar el mercado laboral a una sociedad más longeva: facilitar jornadas flexibles, promover la capacitación permanente y fomentar la contratación formal de trabajadores mayores. También es necesario desarrollar la «economía plateada» mediante servicios de salud, esquemas de cuidado, vivienda, tecnología adaptada y servicios financieros específicos para este segmento de la población.
El gasto público también tendrá que reorientarse con rigor. Una menor población infantil puede liberar gradualmente algunos recursos en áreas como la educación. Esos ahorros deben redirigirse de manera responsable para atender las crecientes necesidades de salud, cuidado y protección durante la vejez.
Hay, además, una discusión profunda que Colombia tendrá que abordar sin dogmatismos ideológicos. Cada vez vivimos más años y muchas personas conservan durante más tiempo su experiencia, productividad y plena capacidad para trabajar. No tiene sentido que el mercado laboral expulse anticipadamente ese valioso capital humano. Por eso, se deben crear las condiciones normativas necesarias para que quienes quieran y puedan seguir activos tengan cómo hacerlo, mediante una mayor flexibilidad laboral y una transición más gradual hacia el retiro.
