La exconsejera presidencial Eva Ferrer formuló graves señalamientos contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, al referirse a presuntas operaciones de dinero en efectivo, posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y supuestos vínculos de personas de su entorno con actividades ilícitas. Las afirmaciones fueron expuestas en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por la revista SEMANA este 10 de octubre de 2026.
Uno de los señalamientos más delicados se relaciona con presuntos desplazamientos a Venezuela en una aeronave oficial. Ferrer afirmó que, durante uno de esos viajes, realizado presuntamente en enero de 2023, se habrían transportado estupefacientes y trasladado de regreso a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo. Según su relato, parte de la información le habría llegado a través de terceros, incluido Manel Grau.
La exfuncionaria también habló de presuntas operaciones de lavado de activos en Europa y mencionó supuestas gestiones para adquirir propiedades de alto valor, incluida una residencia cuyo precio, según el material divulgado, rondaría los tres millones de euros. En ese contexto, nombró a personas que, de acuerdo con su versión, habrían intervenido en la administración de bienes o en operaciones económicas relacionadas con el círculo cercano a Alcocer.
Otro de los puntos abordados fue la presunta existencia de una red dedicada al tráfico de armas. Ferrer mencionó a los empresarios Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino y aseguró haber recibido advertencias sobre posibles actividades ilegales vinculadas a personas del entorno de la ex primera dama.
También hizo referencia a supuestas gestiones paralelas relacionadas con la adquisición de aeronaves militares y helicópteros presidenciales. En materia electoral, Ferrer señaló presuntas irregularidades en la obtención y el manejo de recursos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entre sus afirmaciones incluyó supuestos pagos en efectivo, posibles aportes que no habrían sido registrados oficialmente y presuntas gestiones de intermediarios para acercar inversionistas a Alcocer.
También mencionó a empresarios y a personas que, según su relato, habrían participado en esas operaciones. La verificación de estos señalamientos exige contrastar los registros contables de la campaña, los reportes de financiación electoral y cualquier evidencia financiera pertinente.
Ferrer agregó que, presuntamente, desde el círculo cercano a Alcocer se habrían promovido nombramientos en distintas entidades estatales y exigido pagos o comisiones a cambio de cargos. Entre las instituciones mencionadas figuran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ProColombia, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Fondo Adaptación y el Icetex, entre otras.
Finalmente, la exconsejera describió una presunta estrategia para proyectar a Alcocer como una figura con mayor poder político dentro del Gobierno, hasta el punto de hacerla aparecer como la persona que tomaba las decisiones en la Casa de Nariño. Ferrer cuestionó esa supuesta estrategia y planteó interrogantes sobre sus posibles implicaciones políticas e institucionales.
Las declaraciones de Eva Ferrer reabren el debate público sobre la transparencia en el ejercicio del poder, la financiación electoral y la necesidad de investigar las denuncias que involucren a personas cercanas a las altas esferas del Estado.
Para establecer si existieron conductas ilegales, corresponde a las autoridades competentes examinar las pruebas, determinar la procedencia de los recursos y verificar las circunstancias de los viajes y las operaciones descritas.
En agosto de 2026, tras la publicación de anteriores audios atribuidos a Ferrer, Alcocer manifestó en una comunicación dirigida a la fiscal general que las afirmaciones que le atribuían actuaciones irregulares carecían de fundamento y no correspondían a la realidad.
