El proyecto de ley de Rescate no ataca las tres causas del hueco fiscal: un Estado que gasta más de lo que recibe, un mercado laboral en el que más de la mitad de los trabajadores es informal y una economía que crece muy poco. Es hora de pasar del diagnóstico a las soluciones, con una condición: el ajuste no puede caer sobre la clase media ni sobre los más pobres. El margen es estrecho. Hacienda estima el déficit de 2026 en el 7,2 % del PIB y la deuda supera los $1.200 billones. El ajuste es inevitable.
La pregunta es quién lo paga. La respuesta es que debe pagarlo el Estado. Ese es el primer frente. El 16 de septiembre radicamos un proyecto que le otorgaba al presidente facultades por seis meses para fusionar y suprimir entidades, con un ahorro de al menos dos puntos del PIB, unos $40 billones. Ahora, el Gobierno ha pedido esas facultades en su ley de Rescate. Que las tenga, pero con esa meta de ahorro establecida en la ley y con una garantía de protección laboral enfocada en las madres cabeza de familia, en quienes están próximos a pensionarse y en las personas con discapacidad, tal como lo propuso la bancada del Centro Democrático.
Hay que recortar la burocracia, no a los más vulnerables. El proyecto acierta al reducir a la mitad el gasto en contratistas y en un 20 % la nómina estatal, pero ese ahorro debe quedar sujeto a metas verificables.
Hace bien el ministro de Hacienda en proponer la venta de bienes de la SAE. Pero hay que ir más lejos y vender los activos que no son estratégicos, como el porcentaje de Ecopetrol que permite la ley y la participación en ISA que el Centro Democrático propuso enajenar, para dejar únicamente una fiduciaria y destinar cada peso obtenido a prepagar la deuda. El menor pago de intereses liberaría cerca de $3,8 billones al año.
Se objetará que cada venta ocurre una sola vez. Es cierto, pero el ahorro en intereses se repite cada año y Hacienda advierte que, sin correctivos, el servicio de la deuda podría absorber cerca del 45 % del presupuesto antes de 2030. Por eso, tomar esta ruta de eficiencia financiera y venta de activos es, sin lugar a dudas, una solución estructural preferible a gravar con IVA la canasta familiar.
Hay otro tema que merece discusión: la opaca compra de los aviones Gripen, cuyo costo oscila entre $13,6 y $16,5 billones. Como mínimo, hay que negociar con Suecia un mecanismo de financiación respaldado por su banca, con un período de cinco o más años a cero intereses. En las circunstancias actuales, no tengo duda de que el Gobierno sueco colaboraría.
Segundo, el empleo formal. El 54,5 % de los ocupados es informal y 13 millones de colombianos no cotizan a salud ni a pensiones. Sin formalización no hay recaudo que alcance. La primera medida es no hacer daño: conservar la exoneración de aportes al SENA, al ICBF y al sistema de salud para quienes devengan hasta diez salarios mínimos, que, según el Banco de la República, redujo la informalidad en 5,3 puntos porcentuales. Limitarla a dos salarios mínimos, como propone el Gobierno, es encarecer precisamente el empleo que queremos crear.
La segunda es establecer un salario mínimo responsable. Otro aumento como el de 2026, muy por encima de la productividad, sería letal. El de 2027 debe atarse a la inflación más la productividad, porque cada punto que el salario sube por encima de la productividad se paga con despidos, informalidad o quiebras, sobre todo en las microempresas. Además, las empresas todavía están absorbiendo los efectos de la reforma laboral aprobada por el anterior Gobierno. A las micro y pequeñas empresas, las más expuestas, hay que protegerlas ampliando el Régimen Simple. No deberíamos olvidar nunca que la mejor política social es crear empleo formal.
Tercero, el crecimiento, que también es una herramienta fiscal y constituye la otra cara de la moneda. A mayor crecimiento, más ingresos y más recaudo. El Banco de la República espera un crecimiento del 2,0 % para 2026 y apenas del 1,7 % para 2027. Con esas tasas, ningún ajuste alcanza y en dos años habrá otra reforma tributaria. No podemos olvidar que la verdadera magnitud del endeudamiento depende de cuánto crezca la economía. Como los indicadores de déficit y deuda que evalúan las agencias calificadoras de riesgo se miden como proporción del PIB, crecer más rápido permite diluir el peso relativo de las obligaciones del Estado.
Crecer exige atraer inversión. Hoy, la tarifa de renta de las empresas es del 35 %, casi 11 puntos por encima del promedio de la OCDE, y el proyecto la baja al 31 % en dos años. Acierta, pero no basta. Se debe llevar al 30 % y compensar el costo eliminando beneficios tributarios, con una lista expresa en la ley para que la DIAN no la interprete a su arbitrio y protegiendo a las cooperativas y a la vivienda de interés social. Insisto en que la salida es ampliar la base: menos excepciones y una tarifa más baja. Mientras tanto, Argentina, Brasil, Guyana y ahora Venezuela compiten por el mismo capital con impuestos más bajos y reglas más estables. A mediano plazo, hay que pensar en tasas del 25 % o del 22 %.
También hay que simplificar. El 4 por mil castiga a quien usa el sistema financiero y empuja al uso del efectivo y a la informalidad. Su desmonte gradual, a medida que el recorte del gasto libere espacio, debe ser parte de la reforma.
¿Alcanza todo esto? No de inmediato, y hay que decirlo. Bajar impuestos cuesta recaudo en los primeros años. Por eso, el orden importa: primero, el recorte del Estado y la venta de activos, que liberan caja; luego, el alivio tributario, que se financia con menos beneficios y más crecimiento. Lo que no puede pasar es que la caja se llene con el IVA de la canasta familiar o de los servicios de medicina prepagada, cuya exclusión pidió el Centro Democrático.
Colombia no necesita rescatar al Estado a costa de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables y de la clase media, como plantea el Gobierno. Necesita un Estado que proteja a sus ciudadanos y su capacidad productiva.
