Las entidades del Estado no podrán destinar recursos del presupuesto a fiestas, banquetes, recepciones ni agasajos de fin de año sin justificación institucional. La medida también prohíbe obligar a los funcionarios a asistir o aportar dinero para estas celebraciones.
El ambiente navideño comienza a sentirse en Colombia, pero en las entidades públicas habrá una restricción que podría cambiar las tradicionales celebraciones de diciembre. El Gobierno de Abelardo De la Espriella puso límites al uso de los recursos del Estado para financiar fiestas y encuentros de fin de año, una decisión que obliga a las instituciones a revisar cómo planean sus actividades durante la temporada.
La disposición quedó consignada en la Circular Externa 10 de 2026, firmada por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y está dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes y representantes legales de entidades del sector público.
El documento establece que las entidades deberán abstenerse de comprometer recursos públicos para financiar celebraciones exclusivamente recreativas, como fiestas, banquetes, recepciones, agasajos y otros eventos de cierre de año que no respondan a una necesidad institucional debidamente justificada.
La instrucción es clara: el presupuesto estatal debe concentrarse en el cumplimiento de las funciones de cada organismo y en la atención del interés general, no en financiar celebraciones que carezcan de una justificación administrativa.
La circular señala expresamente que las actividades navideñas de carácter exclusivamente festivo no constituyen, por sí mismas, una razón suficiente para comprometer dinero público.
Otro aspecto importante de la medida tiene que ver directamente con los trabajadores del Estado. Las entidades deberán garantizar que la participación en las actividades de integración y celebración de fin de año sea completamente voluntaria. Esto significa que ningún funcionario podrá ser obligado a asistir ni presionado para entregar dinero con el propósito de financiar las reuniones navideñas.
En consecuencia, las tradicionales cuotas, colectas o contribuciones exigidas por algunas dependencias no podrán convertirse en una obligación para los empleados.
- ¿Quién vigilará el cumplimiento de la medida?
La responsabilidad de aplicar las disposiciones recaerá sobre los representantes legales y ordenadores del gasto de cada entidad, quienes deberán adoptar medidas administrativas para garantizar la austeridad y evitar desembolsos innecesarios.
También se contempla una vigilancia preventiva sobre los presupuestos y procesos de contratación, con el propósito de identificar posibles destinaciones irregulares de recursos hacia servicios logísticos, producción de eventos y otras actividades exclusivamente festivas.
La directriz busca que los recursos públicos sean administrados bajo criterios de legalidad, economía, eficiencia, responsabilidad y planeación.
Diciembre tendrá otro ambiente en las oficinas del Estado. La medida no significa que estén prohibidas todas las actividades de integración navideña, sino que establece límites al uso del dinero público y protege el carácter voluntario de la participación de los trabajadores.
