A una década del Acuerdo de La Habana, la gran incógnita ya no es si las FARC cumplieron. La verdadera pregunta es cuánto más puede soportar Colombia una farsa disfrazada de paz.
Diez años después del proceso firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC —porque eso de “extintas” es, a estas alturas, una ficción— la pregunta más elemental sigue sin respuesta: ¿dónde están los bienes que la guerrilla prometió entregar? La llamada paz de La Habana no solo dejó profundas grietas en seguridad, justicia y soberanía, sino también un vacío patrimonial escandaloso que hoy roza el descaro.
No nos engañemos: las FARC nunca se desmovilizaron del todo. Lo que hicieron fue jubilar a los comandantes históricos, pensionar a los viejos combatientes, repartir curules y dejar intacta —o incluso fortalecida— la empresa criminal. La nueva generación de cabecillas, los herederos del terror, no solo conservó las armas y los territorios, sino también el negocio. Son más violentos, más cínicos y mucho menos ideologizados que sus antecesores.
Mientras en el terreno se consolidaba esa mutación criminal, en el papel el Estado colombiano creyó —o fingió creer— que una organización narcoterrorista con décadas de secuestros, extorsión, minería ilegal y narcotráfico iba a entregar voluntariamente su fortuna ilícita, como quien salda una deuda bancaria.
Lo que las FARC “entregaron” fue una burla: dólares falsos, muebles deteriorados, vehículos inservibles, predios de dudosa titularidad y una lista miserable de bienes que no resiste el menor contraste con los miles de millones de dólares acumulados durante medio siglo de guerra y narcotráfico. El nivel de cinismo fue tal que llegaron a reportar escobas y trapeadores como activos para la reparación de las víctimas.
La pregunta sigue suspendida en el aire: ¿dónde están los demás bienes? ¿Dónde están las rutas del narcotráfico? ¿Las caletas? ¿Las propiedades en Colombia y en el exterior? ¿Dónde está la verdad?
Recientemente, la Contraloría General de la República volvió a poner el dedo en la llaga: los antiguos miembros del secretariado —hoy cómodamente instalados en el Congreso— mantienen una deuda enorme con el Estado colombiano. No han cumplido con la reparación material a las víctimas, no han entregado lo prometido y no han respondido por el patrimonio ilícito que juraron poner al servicio de la verdad y la reconciliación. No entregaron bienes. No entregaron rutas. No entregaron verdad. No entregaron justicia. No entregaron reparación.
Pero sí recibieron salarios del Estado, esquemas de seguridad, escoltas, atención médica privilegiada, beneficios pensionales encubiertos, curules garantizadas y una impunidad cuidadosamente blindada. Todo ello después de haber cometido los crímenes más atroces contra la población civil: secuestros, masacres, reclutamiento de menores, violencia sexual, desplazamientos forzados y atentados terroristas.
Y como colofón, el principal arquitecto de este proceso, Juan Manuel Santos, fue galardonado con un Premio Nobel de Paz que muchos consideran inmerecido, mientras el país quedaba con guerrillas fragmentadas, disidencias fortalecidas y una violencia que no ha dejado de expandirse en la última década.
Ese Nobel no trajo paz. Trajo fragmentación criminal. Trajo zonas sin Estado. Trajo grupos armados más pequeños, más móviles y más brutales. Trajo la institucionalización de la impunidad.
Lo más insultante es que todo se hizo en nombre de las víctimas. A ellas se les prometió verdad, justicia, reparación y no repetición. Diez años después, no tienen ninguna de las cuatro.
Las FARC no revelaron el destino de sus fortunas. No confesaron la totalidad de sus crímenes. No entregaron a todos los responsables. No pidieron perdón con hechos. No repararon a quienes destruyeron. Y el Estado, dócil y condescendiente, optó por mirar hacia otro lado.
Hoy tenemos un Congreso con exjefes guerrilleros que legislan sin haber saldado su deuda con el país; un sistema de justicia transicional más interesado en perseguir a la fuerza pública que en exigir cuentas a los responsables del terrorismo; y un discurso oficial que insiste en llamar “proceso exitoso” a lo que en realidad fue una capitulación política.
Lo que más indigna no es solo la ausencia de bienes. Es la normalización del engaño. Es la aceptación resignada de que una organización criminal pueda burlarse del Estado y de las víctimas sin consecuencias reales.
Diez años después, Colombia no tiene paz. Tiene territorios copados por disidencias, líderes sociales asesinados, campesinos extorsionados, soldados y policías muertos, narcotráfico en expansión y un acuerdo que nadie se atreve a revisar por miedo a desmontar el mito. Ese es el verdadero problema: el proceso de paz se convirtió en un dogma intocable. Quien lo critique es acusado de enemigo de la reconciliación. Pero la realidad no se puede silenciar con consignas.
Las FARC no cumplieron. El Estado no exigió. Las víctimas no recibieron. Y Colombia sigue pagando. Diez años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Dónde están los bienes de las FARC? La respuesta, tristemente, también es la misma: en ninguna parte, salvo en la impunidad que como país les regalamos.
