Hay algo que debería estar absolutamente claro en Sucre: la seguridad no tiene dueño. No pertenece a un gremio, no tiene propietario individual, no es patrimonio de una organización y mucho menos puede convertirse en una competencia para determinar quién recibe primero una llamada, quién aparece como protagonista o quién puede decir que tiene el control de una determinada estrategia.
La seguridad es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad compartida. Por eso resulta, cuando menos, preocupante que en una mesa convocada precisamente para hablar de seguridad, productividad y protección del sector rural, alguien pretenda poner en discusión quién debe recibir la alerta de un ganadero cuando el delito toca a su puerta.
El episodio ocurrió hoy durante una mesa de trabajo en la Gobernación de Sucre, con presencia de la administración departamental, los gremios productivos y la Fuerza Pública. Allí, el señor Juan Carlos Romero formuló una observación sobre la estrategia de Seguridad y Apoyo al Gremio Ganadero, SAGG, que coordino.
La pregunta, en esencia, fue esta: cuando un productor sea víctima o tenga conocimiento de un hecho delictivo, ¿debe acudir a los gremios, a la Fuerza Pública o a los grupos SAGG? Mi respuesta fue clara y la sostengo públicamente: A todos los que puedan ayudar, cada uno dentro de sus competencias.
Porque cuando un ganadero está siendo extorsionado, cuando le roban el ganado, cuando aparece un animal sacrificado clandestinamente, cuando existe una amenaza, una invasión de tierras o un riesgo contra su vida, lo último que necesita es encontrarse con una discusión burocrática sobre quién tiene el derecho de atenderlo. El delincuente no espera. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros?
Hay que decirlo sin rodeos: sería un despropósito convertir la seguridad de los ganaderos de Sucre en una pelea de protagonismos. El cuatrero no pregunta qué gremio representa al propietario. El extorsionista no averigua quién coordina determinada estrategia. El delincuente que amenaza a un productor no se detiene a establecer cuál institución debe recibir primero la información y quien pretende atentar contra la vida o el patrimonio de un ciudadano mucho menos se preocupa por delimitar competencias.
El delito actúa. La respuesta también tiene que actuar. Si mañana un productor de cualquier municipio de Sucre me llama para informar sobre un caso de abigeato, carneo, extorsión, secuestro, invasión de predios o cualquier otro hecho que pueda poner en peligro su vida o su patrimonio, y considera que puedo ayudarlo como enlace o facilitador ante las autoridades, lo voy a atender. No voy a preguntarle primero quién es su gremio. No voy a decirle que llame a otro porque alguien pueda sentirse desplazado y tampoco voy a cerrar una puerta de comunicación que puede servir para evitar un delito o acelerar la reacción de las autoridades. La vida y el patrimonio de un ganadero valen mucho más que cualquier protagonismo personal. SAGG no reemplaza a nadie.
También es necesario desmontar cualquier confusión. SAGG no captura delincuentes, no adelanta investigaciones judiciales, no reemplaza a la Policía, no sustituye al Ejército, no patrulla carreteras, no ejerce funciones que constitucionalmente corresponden a las autoridades. SAGG articula, informa, previene y sirve de enlace. Eso es muy distinto a usurpar funciones.
Y quien conozca mínimamente la naturaleza de esta estrategia debería entender que su propósito no es competir con las instituciones, sino ayudar a que la información llegue oportunamente a quienes tienen la responsabilidad constitucional de actuar. ¿Acaso alguien puede objetar que un productor informe rápidamente sobre la presencia de personas sospechosas? ¿Es negativo que un ganadero tenga un canal de comunicación para alertar sobre un posible caso de abigeato? ¿Debe cerrarse una vía de información porque otra organización considera que debería recibir exclusivamente esa llamada? La respuesta debería ser obvia. En seguridad, mientras más canales legales y coordinados existan, mejor.
La gobernadora de Sucre, Lucy Inés García Montes, fue clara al señalar que “la seguridad es de todos” y reconoció positivamente el trabajo que vienen desarrollando los grupos SAGG como mecanismo de apoyo para enfrentar los delitos que afectan al sector ganadero.
Ese pronunciamiento, en mi concepto, puso el debate en el lugar correcto. Porque mientras algunos pueden estar preocupados por quién tiene visibilidad, quién coordina, quién recibe llamadas o quién establece contactos institucionales, en el campo hay productores que necesitan respuestas y necesitan respuestas ahora, no cuando termine la discusión sobre quién tiene el protagonismo.
Como veterano de la Fuerza Pública, con formación y experiencia en seguridad, conocimiento del territorio y además con raíces ganaderas en Sucre, tengo absolutamente claro cuál debe ser el objetivo. No estoy aquí para competir con nadie, mucho menos para convertir una estrategia de seguridad en una plataforma de protagonismos personales.
Las diferencias son legítimas. Las críticas también. Las discusiones gremiales hacen parte de cualquier sociedad democrática pero existe una línea que no deberíamos cruzar: cuando la disputa por protagonismo comienza a pesar más que la seguridad de la comunidad, Ahí todos perdemos.
Después del impase, la mesa retomó el camino que verdaderamente importa. La Gobernación, sus secretarías y dependencias, los comandantes militares y policiales de la jurisdicción, representantes del sector agrícola, productores de cereales y representantes de los frigoríficos del departamento abordaron asuntos de fondo para el presente y el futuro de Sucre.
La gobernadora, además, manifestó su disposición para promover reuniones de seguridad en cada municipio, con una visión que no se limite al orden público, sino que incorpore producción, competitividad y generación de empleo. También quedó planteada la necesidad de fortalecer el control sobre la producción y comercialización de productos cárnicos y de mejorar la articulación institucional en todo el departamento.
Ese es el camino. Más coordinación. Más información. Más presencia institucional. Más prevención. Más capacidad de reacción y, sobre todo, menos peleas por protagonismo.
Si un ganadero encuentra en un grupo SAGG un canal para advertir oportunamente sobre un hecho que puede poner en riesgo su vida, su familia, su finca o su patrimonio, lo correcto no es cerrar esa puerta, lo correcto es abrir diez más porque la seguridad de Sucre no puede convertirse en propiedad privada de una persona, de un gremio o de una institución. La seguridad de Sucre es de todos. Así lo dijo la gobernadora y esa debería ser la regla de oro.
Frente al delito, toda mano que ayude a llegar a tiempo debe ser bienvenida, siempre dentro de la legalidad, la coordinación institucional y el respeto irrestricto por las competencias de la Fuerza Pública y las autoridades. Los egos pueden esperar. El delincuente, no. Y mucho menos puede esperar la seguridad de nuestros ganaderos.
