Hay decisiones judiciales que deben respetarse, pero que también pueden y deben ser cuestionadas públicamente. La reciente orden de un juez de San José del Guaviare para suspender temporalmente los bombardeos militares abre precisamente uno de esos debates que Colombia no puede evadir. Nadie puede defender que un niño muera en medio de una operación militar. La protección de los menores debe ser absoluta. Pero hay una pregunta que resulta inevitable: ¿qué ocurre cuando son los propios grupos armados ilegales quienes reclutan, arman y utilizan a esos niños como parte de sus estructuras?
En una reciente operación en Guaviare, Medicina Legal confirmó que tres de los diez integrantes de una estructura armada muertos eran menores: dos de 15 años y uno de 16. Aquí aparece la paradoja: el criminal recluta al niño, lo convierte en combatiente y luego ese mismo niño puede terminar convirtiéndose en un factor que limite la acción del Estado contra la estructura que lo reclutó. ¿Estamos atacando el problema equivocado?
La discusión no debería reducirse a bombardeos sí o bombardeos no. Colombia necesita inteligencia de precisión, prevención del reclutamiento, rescate de menores, judicialización de los responsables y una Fuerza Pública capaz de actuar dentro de la Constitución y la ley. Pero tampoco podemos permitir que el reclutamiento de menores se convierta en el escudo perfecto de los grupos armados.
La justicia debe ser independiente, garantista y firme. El Estado debe respetar los derechos fundamentales, pero también tiene la obligación de proteger a las comunidades, a los soldados y a millones de colombianos que viven bajo la amenaza de organizaciones criminales. Porque hay una diferencia fundamental entre proteger al niño y proteger al criminal que lo reclutó. Y esa diferencia no puede perderse en medio del debate. Quizá, por eso, la pregunta no debería ser: ¿de qué lado está la justicia?
La respuesta debería ser mucho más sencilla: del lado de la Constitución, del lado de la vida, del lado de los niños, del lado de las víctimas, del lado de los ciudadanos y del lado de los soldados que cumplen su misión dentro de la ley. Nunca del lado de quienes reclutan niños para hacer la guerra. Porque el verdadero desafío no es escoger entre seguridad y derechos humanos. El verdadero desafío es impedir que los criminales utilicen los derechos de los niños para blindarse frente al Estado. Ahí está la discusión que Colombia necesita tener.
