La tensión política estalló en San Andrés. El presidente Abelardo De La Espriella protagonizó un fuerte intercambio verbal con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, a quienes dirigió duros reclamos sobre asuntos sensibles para el archipiélago: la crisis del hospital departamental, la gestión de la entidad ambiental Coralina y el manejo de los recursos públicos.
El episodio, registrado en un video divulgado por El Tiempo, ocurrió en la Base Naval de la isla, después del saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional. Lo que debía ser un encuentro institucional terminó convertido en un tenso cara a cara, con advertencias presidenciales que pusieron bajo el reflector nacional a la dirigencia política de San Andrés.
“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, manifestó el mandatario durante la confrontación.
Uno de los señalamientos más delicados estuvo relacionado con presuntos vínculos contractuales del esposo de la congresista. Sin embargo, las declaraciones pronunciadas durante el encuentro no constituyen por sí mismas prueba de irregularidades. Para establecer eventuales responsabilidades será necesario conocer los documentos que sustenten las afirmaciones y las conclusiones de las autoridades competentes.
- El hospital departamental desató el choque
En el centro de la disputa está la intervención del Hospital Departamental de San Andrés, ordenada por el Gobierno nacional para hacer frente a la crisis de la institución, que, según la información suministrada, atraviesa dificultades presupuestales, escasez de insumos y retrasos en los pagos al personal médico.
De La Espriella cuestionó la posición que, según su versión, asumieron la gobernadora y la representante frente a la intervención. El presidente reprochó lo que consideró una contradicción entre la tranquilidad que, afirmó, le habían expresado sobre la medida y actuaciones que, a su juicio, terminaron obstaculizándola.
Las dirigentes, por su parte, intentaron explicar su postura y señalaron que habían solicitado el acompañamiento del Ministerio de Salud para atender las dificultades del sistema hospitalario.
La controversia plantea una pregunta crucial para los habitantes de las islas: ¿cómo se garantizará la recuperación del hospital y quién responderá por las deficiencias que afectan la prestación de los servicios de salud? Más allá del enfrentamiento político, la prioridad es que la intervención produzca resultados verificables para los pacientes y el personal sanitario.
- “Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”
El mandatario elevó el tono al referirse al dinero que la Nación destinará al archipiélago. Advirtió que habrá controles sobre su utilización y sostuvo que no permitirá que los recursos públicos sean objeto de prácticas irregulares. “Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga. Y la voy a combatir con todas las armas de la democracia”, declaró.
La advertencia alcanzó también la contratación departamental. De La Espriella aseguró que cuenta con información sobre situaciones que considera irregulares y manifestó su disposición a respaldar sus señalamientos.
No obstante, determinar si existieron conductas ilegales exige examinar los contratos, sus beneficiarios, los soportes documentales y las eventuales conclusiones de los organismos de control. La gravedad de las acusaciones hace indispensable que se presenten pruebas y que las personas mencionadas tengan la oportunidad de responder.
- Coralina, otro foco de la controversia
La referencia a Coralina amplió el alcance del choque político. La corporación tiene responsabilidades fundamentales en la protección de los ecosistemas del archipiélago y de la Reserva de Biosfera Seaflower, un patrimonio ambiental estratégico para Colombia.
El presidente afirmó estar informado sobre lo que ocurre alrededor de la entidad, pero la información disponible no permite establecer cuáles hechos específicos sustentan sus cuestionamientos ni si existen investigaciones formales relacionadas con ellos.
La atención se centra ahora en la posibilidad de que se conozcan documentos, actuaciones administrativas o decisiones oficiales que permitan precisar el alcance de las advertencias presidenciales y determinar si hay responsabilidades que deban ser investigadas.
- “A este archipiélago no se lo van a volver a robar”
Una de las frases más contundentes del encuentro fue la advertencia del mandatario: “A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración”.
La declaración elevó la tensión con las dirigentes y puso sobre la mesa un asunto que trasciende la disputa política: la obligación de garantizar transparencia en la contratación, vigilancia efectiva de los recursos públicos y soluciones a las necesidades históricas de la población insular.
El episodio deja varios interrogantes abiertos: ¿qué pruebas respaldan los señalamientos del presidente?, ¿cuál es la respuesta de la gobernadora y de la representante a la Cámara?, ¿qué resultados producirá la intervención del hospital? y ¿qué información concreta se hará pública sobre Coralina y la contratación cuestionada?
La controversia ya está planteada. Ahora, más allá del impacto de las declaraciones y de la fuerza del video, serán los documentos, las respuestas de las personas mencionadas y los resultados de las actuaciones oficiales los que permitan establecer responsabilidades y determinar si las advertencias se traducen en decisiones concretas para San Andrés.
🔴 El duro careo de Abelardo De la Espriella a Gobernadora y Representante de San Andrés Islas: “Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”, increpó a la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz, mientras que a ambas les dijo: “Mandamos a intervenir el hospital… pic.twitter.com/bSi4jJpQOd
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 18, 2026
