- Por: Mauricio Herrera Piñeres, Ph. D., P. Eng. (*)
Los cartageneros observamos con expectativa el avance de las obras que prometen mitigar las inundaciones históricas en los barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito (BOCALA). Sin embargo, en medio del despliegue técnico y de la millonaria inversión en infraestructura civil, surgen interrogantes de fondo: ¿existe una estrategia financiera clara que garantice la operación y el mantenimiento continuo de estas obras a lo largo del tiempo o se corre el riesgo de repetir tropiezos administrativos del pasado?
El debate cobra relevancia al revisar el marco normativo colombiano. Bajo la Ley 142 de 1994, los servicios públicos domiciliarios, como el acueducto, el alcantarillado sanitario y el aseo, cuentan con esquemas tarifarios regulados que permiten a los operadores cubrir sus costos de funcionamiento directamente a través de las facturas. El drenaje pluvial, por el contrario, carece de una tarifa directa al usuario.
Recordemos que las extintas Empresas Públicas Municipales de Cartagena se encargaban de esta labor y que, desde su desaparición, los sistemas de drenaje quedaron huérfanos. Por eso, los cartageneros debemos entender cómo se articularán las responsabilidades entre el Distrito y la empresa de servicios públicos de la ciudad. Si Acuacar no tiene la atribución legal para trasladar estos costos a la tarifa, surge una pregunta fundamental: ¿cuenta la Secretaría de Infraestructura con la estructura técnica y presupuestal necesaria para asumir, de manera ininterrumpida, la custodia y el mantenimiento especializado de la infraestructura que se construye actualmente, incluidas las estaciones de bombeo?
El recuerdo de lo ocurrido hace años en la Plaza de la Aduana invita a la prudencia. En aquel proyecto se instaló un sistema de bombeo subterráneo que, con el tiempo, dejó de operar —o que, según algunos interrogantes, quizá nunca llegó a funcionar—, lo que mantuvo la vulnerabilidad del sector ante las mareas altas y las lluvias.
Un aspecto importante del proyecto actual es que los estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos elaborados por el Consorcio Protección Cartagena señalan que se eliminará el drenaje por gravedad y que el sector se convertirá en un sistema completamente dependiente del bombeo activo. Ante este panorama, surgen varias preguntas: ¿se han establecido garantías contractuales suficientes para evitar que las nuevas bombas de BOCALA corran la misma suerte que las que quedaron obsoletas en la Plaza de la Aduana? Si las bombas fallan, ¿podrían las inundaciones llegar a ser más graves que las actuales? Estos interrogantes también se extienden a las estaciones de bombeo propuestas en el proyecto de Protección Costera.
Mantener sistemas de bombeo pluvial junto al mar requiere recursos anuales considerables: suministro constante de energía, reposición de piezas mecánicas, mantenimiento técnico y limpieza de sedimentos. Pero ¿será suficiente depender de las asignaciones ordinarias del presupuesto anual del Distrito, sujetas a los ciclos de contratación pública y a múltiples prioridades sociales, o tendrá la ciudad que explorar esquemas financieros alternativos, como sobretasas locales asociadas al desarrollo urbano de la zona?
Además, ¿se ha informado a los residentes si tendrán que pagar más impuestos para financiar la operación y el mantenimiento de estas obras? Responder a estas preguntas antes de concluir los trabajos será determinante para garantizar que la inversión perdure y cumpla su propósito en beneficio de toda la comunidad.
(*) Ingeniero civil, doctor en Recursos Hídricos y titular de una licencia de ingeniero profesional en Canadá. Consultor e investigador especializado en manejo de aguas y modelaciones hidrológicas e hidráulicas, con más de 20 años de experiencia.
