La evidente continuidad de abusos, excesos y graves hechos acaecidos en Playa Blanca y Cholón, condujo a que, resultado de un Consejo de Seguridad, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, dijera “¡no más!“
Afirmó que el cierre temporal de las actividades turísticas en Playa Blanca sería por dos semanas, previa socialización con los Consejos Comunitarios, y que las medidas redentoras del patrimonio natural serían de corto, mediano y largo plazo.
El 22 de enero los cuatro Consejos Comunitarios de la Isla de Barú, reunidos con Parques Nacionales, la Defensoría y la Procuraduría Étnica, Provincial y la de Asuntos Ambientales, valoraron esta decisión de autoridad, la que tendrá que considerarse en el Plan de Acción de Playa Blanca 2020.
Al día siguiente, al socializar la medida, el alcalde ahogó la protesta porque no preguntó para superar una emergencia, y reunido con los consejeros y funcionarios citados, más miembros de la Armada, Capitanía, Policía, Cardique, Comisión del Océano y secretarios de Despacho, explicó que se cerrará Playa Blanca como parte de un proceso de recuperación de la autoridad y el ecosistema.
A esa reunión asistieron más de cincuenta servidores de entidades que, por años, no han logrado impedir la sobreexplotación destructora de la maravillosa playa coralina que clama protección.
La causa: el desconocimiento de la autoridad, resoluciones y planes pactados, el Estado eunuco y, como pasa en la Ciénaga de la Virgen, la invasión despiadada e impune de la zona de bajamar, los intereses particulares de quienes cubriéndose con lo étnico y la necesidad, se enriquecen corrompiendo, contaminando y depredando.
La desconfianza e inmadurez han jugado en contra de un acuerdo como el que se pretende, que garantice a los nativos sus derechos y que respeten sus obligaciones, por ejemplo, de la realización del autocenso que permita conocer los beneficiarios de la administración del Territorio.
Ahora será diferente: liderado el equipo por el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía, antes del cierre, de acuerdo con los líderes comunitarios, se trabajará primero en seguridad y salubridad.
Los nuevos líderes reconocen su corresponsabilidad en el desastre, por eso la oposición a la urgente solución y el bloqueo al ordenamiento no puede continuar.
El Informe Técnico 0-2020 de la Procuraduría, además del recuento de más de 20 normas violadas, incluida la Constitución, informa que hace dos años las autoridades observaron en los tres kilómetros de la playa, sin permiso, edificaciones con mangle, carpas y quioscos. Motos acuáticas, gusanos y pitillos, erosión costera con pérdida de playa y, según Parques Nacionales, afectación de corales, pastos marinos y contaminación de las lagunas y el mar.
Si bien hay responsabilidad del Estado, la desobediencia y la usurpación de la zona de bajamar no pueden seguir escudándose en derechos que no existen porque, entre otras, violan la Ley 70.
La gobernanza de Playa Blanca puede lograrse con una alianza Estado – Comunidad, organizada como lo presentó a la audiencia la cooperativa Barú Native Tour.
