El mandatario denunció públicamente presuntas prácticas de corrupción y politiquería en la Universidad de Córdoba, cuestionó los cambios en las reglas para la elección del rector Jairo Torres y ordenó al Ministerio de Educación realizar una visita de inspección y vigilancia este lunes. También pidió priorizar investigaciones disciplinarias y denuncias penales.
La Universidad de Córdoba quedó en el centro de una fuerte controversia política, administrativa y judicial luego de que el presidente Abelardo De La Espriella denunciara públicamente lo que calificó como prácticas de corrupción y politiquería dentro de la institución y anunciara medidas inmediatas para revisar la situación.
Desde Montería, al término de la inauguración del estadio de béisbol y sóftbol Luis Nieto, el jefe de Estado cuestionó particularmente las actuaciones relacionadas con la permanencia del rector Jairo Torres y con las reglas que rigen su elección.
El Presidente sostuvo que el rector no debería tener la posibilidad de modificar las normas que regulan su propia elección y consideró que cualquier cambio orientado a favorecer la permanencia de un funcionario debe ser sometido al escrutinio de las autoridades competentes.
“Yo no voy a aceptar, como Presidente de la República, que la permanencia en el cargo de una persona se construya a fuerza de cambiar las normas”, afirmó De La Espriella, al referirse a la controversia que rodea la elección de la rectoría.
La declaración presidencial se produce después de que, según lo expuesto por el propio mandatario, un juez de la República declaró la nulidad del Acuerdo 064 de 2026 y de las resoluciones mediante las cuales se convocaba una votación, al considerar que contrariaban el Estatuto General de la Universidad de Córdoba.
En medio de la controversia, el Presidente anunció una intervención administrativa de vigilancia sobre la institución. De La Espriella instruyó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, para que este lunes adelante una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba y, a partir de los resultados, adopte las medidas que correspondan dentro de las competencias del Gobierno nacional.
La revisión abarcará, de acuerdo con lo señalado por el mandatario, aspectos relacionados con la rectoría, el proceso de elección y el cumplimiento de los estatutos de la universidad.
Pero el anuncio presidencial no se quedó en la inspección del Ministerio de Educación. De La Espriella informó que solicitó a la Procuraduría General de la Nación dar trámite prioritario al proceso disciplinario relacionado con el caso, cuyo archivo, según manifestó, fue revocado el pasado 30 de julio.
También pidió que sean examinadas las quejas formuladas contra el rector y que la Fiscalía General de la Nación priorice las noticias criminales y denuncias existentes contra Torres y otras personas que, según la denuncia presidencial, lo respaldan. Se trata de solicitudes que deberán ser analizadas por las autoridades competentes dentro de sus respectivos procesos y atribuciones.
El jefe de Estado afirmó que la Universidad de Córdoba no pertenece a un grupo político ni a una persona en particular y sostuvo que, como cordobés y como jefe de Estado, no permitirá que la institución sea utilizada para intereses particulares. El mandatario utilizó incluso expresiones particularmente fuertes al referirse a quienes, según su denuncia, estarían detrás de las actuaciones cuestionadas. “La Universidad de Córdoba es patrimonio de todos los cordobeses”, manifestó al tiempo sentenció que su Gobierno no permitirá que la corrupción tenga espacio dentro de las instituciones públicas.
Al cerrar su intervención, De La Espriella lanzó una advertencia que podría convertirse en uno de los mensajes políticos más fuertes de su visita a Córdoba. “Yo no vine aquí a taparle nada a nadie. Que caiga el que tenga que caer, así sea cercano, porque la ley es para todos”.
Con la inspección anunciada para este lunes, la controversia por la rectoría de la Universidad de Córdoba entra en una nueva etapa. El resultado de la visita del Ministerio de Educación, las actuaciones de la Procuraduría y el avance de las denuncias ante la Fiscalía serán determinantes para establecer qué decisiones podrían adoptarse frente a los hechos cuestionados.
Por ahora, lo concreto es que el Gobierno nacional puso el caso bajo revisión directa y que la disputa por la rectoría de una de las principales universidades públicas del Caribe colombiano pasó de ser una controversia institucional a convertirse en un asunto de alto interés nacional.
