Luego de 14 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República quedó al descubierto el desvío de 5 mil 988 millones de pesos en Bolívar en el último año en cuatro casos emblemáticos.
El primero de estos hallazgos afecta al Distrito y es producto de la auditoría de cumplimiento realizada en el 2017 a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y a las fuentes de financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2016.
Se generaron más de 11 hallazgos de índole fiscal, de los cuales cinco fueron producto de la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar suscritos por el Distrito en dicha vigencia. El presunto detrimento sería por $3.612.260.377.
“Esta gerencia, en virtud de lo anterior, apertura los procesos de responsabilidad fiscal y de los casos conocidos se encuentra el de las pechugas de $ 40.000, por lo cual se vincularon a varias personas. Esos procesos están en recepción de versiones libres y recolección de pruebas para imputar responsabilidad”, indicó la Contraloría.
El segundo caso está en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM), mediante falsedad deliberada y omisión en registros de transacciones, ejecutadas desde tesorería o pagaduría, que involucró el uso fraudulento del Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación (administrado por la ALFM) y la falta de oportunidad y eficacia en la realización de controles internos en el área de contabilidad, como conciliaciones de saldos y movimientos, solicitud de certificaciones bancarias, verificación de soportes y supervisión de recaudos y pagos.
Funcionarios de la ALMF adscritos a tesorería, presupuesto y contabilidad habrían distorsionado y ocultaron saldos y movimientos auxiliares y bancarios, durante el periodo 2015-2016; autorizando pagos indebidos, desviando recursos públicos en cuantía de $4.290.683.178 que sumado el 4×1000 el monto de estas supuestas operaciones fraudulentas fue de $17.162.733. El recurso desviado sería de $4.307.845.910, los cuales habrían sido destinados a fines particulares, aseguró la Contraloría.
El tercer caso es una auditoría a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). La auditoría se practicó a los recursos de funcionamiento, transferencias corrientes e inversión, para un total comprometido al cierre de la vigencia de 2016 de $52.275.969.287, que equivale al 96,98 % del presupuesto definitivo.
La Contraloría estableció 51 hallazgos administrativos, de los cuales 30 tienen presunta connotación disciplinaria, cinco con supuesta connotación fiscal en cuantía de $5.313.671.028; tres tienen presunta connotación penal, tres estarían para indagaciones preliminares, cuatro con otras incidencias y uno para proceso administrativo sancionatorio.
El cuarto caso afecta nuevamente al Distrito por presuntas irregularidades en la ejecución del modelo financiero de la propuesta y su incidencia en el cumplimiento del contrato de Concesión del Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena para verificar el objeto de actual de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17,22 % en cuanto a los ingresos y gastos del proyecto.
Como resultado de la evaluación realizada por la Contraloría Distrital de Cartagena, “se evidenció que no es posible calcular la TIR pactada, teniendo en cuenta el comportamiento de los flujos de caja neto presentados desde el inicio del contrato, ocasionado por la existencia de flujo de caja neto positivo de $5.859.646.047 que equivalen a precios corrientes $7.535.504.817 en el primer periodo, lo cual financieramente impide calcular la TIR debido a que se registran varias TIR”
