No es la primera vez que Petro dice que acudirá al “pueblo”. Antes habló de «poder constituyente”, de un “referendo” y de una “asamblea nacional popular». También propuso, varias veces, la última a mediados del año pasado como respuesta a la decisión del Congreso de hundir su propuesta de reforma a la salud, convocar una «asamblea constituyente”.
Hasta hoy, puros globos, cortinas de humo para controlar la agenda de la discusión pública, cosa que consigue pero que no le sirve de nada, y para distraer a la ciudadanía del análisis del rotundo e inapelable fracaso de su gobierno. El cambio solo ha sido más corrupción, más pobreza, más violencia.
¿Su propuesta de consulta popular será más de lo mismo, palabras huecas, vacías? Sí y no. Me explico: por un lado, la consulta no sirve ni para hacer reformas a la Constitución ni para aprobar leyes. A ella no se puede acudir para aprobar normas jurídicas de ningún tipo. De manera que si finalmente se hunde la reforma laboral, el motivo de la ira presidencial, no es posible revivirla a través de una consulta. Además, el mecanismo para ponerla en marcha, en la que se formulan unas preguntas «de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional […] redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un ‘SI’ o un ‘NO’”, exige conseguir primero un concepto favorable del Senado y su control por parte de la Corte Constitucional. En las circunstancias actuales es poco probable que el Senado apruebe convocar la consulta y, si lo hiciera, la Corte impediría que el cuestionario desborde los propósitos que son propios de la figura.
Por el otro, para que la consulta sea obligatoria se requiere que «la pregunta que le ha sido sometida [al pueblo] haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral”. Como el censo actual habilita a 40.963.370 personas para votar, para que la consulta sea obligatoria sería necesario que participaran en ella al menos 13.654.457 ciudadanos, de los cuales 6.827.229 deberían votar afirmativamente en cada pregunta. Petro necesitaría que salieran a votar la consulta 2.361.699 colombianos más que los 11.292.758 que votaron por él en segunda vuelta, un 21% adicional. Habiendo perdido como mínimo el 40% del apoyo que obtuvo cuando se eligió, no hay ninguna forma de que lo consiga. Su único chance estaría en que la oposición decidiera ir a votar en lugar de abstenerse, cosa posible pero improbable. La consulta de Petro está perdida antes de nacer.
Sin embargo, es posible que Petro decida impulsar la consulta, aún sabiendo que no puede ganar, para usarla en la campaña del 26. Sirve, dije, para diluir el juicio ciudadano a su gobierno, para estigmatizar aún más a sus opositores y para movilizar y darle alguna bandera a sus partidarios. Por eso mismo, conviene que el Senado no le de visto favorable a la consulta y evite de entrada la manipulación gubernamental.
Con ello, además, salvaríamos el platal que cuesta realizarla. Según el Consejo Nacional Electoral, la consulta anticorrupción de 2018, que no superó el umbral aunque no tenía enemigos, costó 310.479 millones de entonces. La de Petro valdría entre 500.000 y 600.000 millones, de acuerdo con estimaciones del actual presidente del CNE. La situación fiscal es insostenible porque el gobierno gasta mucho más de lo que nos saca a los colombianos en impuestos pero Petro quiere malgastar cerca de 150 millones de dólares para usar la consulta como herramienta de campaña. Una irresponsabilidad que refleja bien la insensibilidad social del gobierno.
Dos reflexiones finales: una, no hay bloqueo institucional. A pesar de Petro, aún estamos en una democracia, con separación de poderes, y archivar una propuesta gubernamental que no le parece conveniente es parte de los deberes del Congreso que, además, no solo le ha aprobado muchas leyes a Petro, entre otras una nefasta tributaria, el espanto de la “paz total” y la pensional, sino que lo ha protegido inconstitucionalmente congelando sus procesos en la Comisión de Acusaciones.
La otra: en una democracia, la representación popular por excelencia está en el Congreso y no en el presidente. Petro no es «el pueblo» y su elección, por estrechísimo margen y además tramposa, con financiación ilegal y violación de los topes, no lo faculta para hacer lo que le da la gana, subvertir a las facultades de los otros poderes públicos o acusar al Congreso de “traicionar al pueblo» cuando no aprueba algún proyecto de ley de origen gubernamental. Petro, como cualquier otro funcionario, solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le permiten. Nada más.
