La violencia sigue sembrando el terror en las calles de Cartagena de Indias, y la inseguridad parece no tener fin. En la noche del 16 de marzo, un nuevo hecho de sangre sacudió el barrio República de Venezuela, cuando Elías Fernando Del Valle Martínez, de 44 años, fue asesinado por sicarios mientras transitaba tranquilamente por una calle. De acuerdo con la Policía Metropolitana, dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon sin piedad.
Aunque los detalles del crimen son escalofriantes, lo que realmente genera indignación es la respuesta oficial ante este tipo de situaciones. A tan solo un día de este asesinato, otro crimen similar se registró en el barrio Olaya Herrera, y otro más en Los Cerros. Tres muertes violentas en menos de 48 horas, un reflejo claro de la constante escalada de violencia que, a pesar de las millonarias inversiones y el refuerzo policial, no da señales de detenerse.
Los informes de la Policía indicaron que la víctima, Elías Del Valle, tenía cinco anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fraude a resolución judicial. ¿Es este el factor que justifica su asesinato? ¿Acaso la respuesta a estos crímenes se reduce a señalar el pasado criminal de las víctimas?
Este enfoque, por más técnico que parezca, no debe hacernos perder de vista la realidad de lo que está ocurriendo en la ciudad. Las cifras de criminalidad no han disminuido, y la presencia de sicarios en las calles parece más que constante. El plan de seguridad, que en los últimos años ha recibido millonarias inversiones, parece ser insuficiente. Los refuerzos policiales y estrategias de control no se reflejan en la realidad de los cartageneros, quienes continúan viviendo con miedo a ser la próxima víctima.
Lo más alarmante es que, ante cada asesinato, las autoridades se limitan a dar explicaciones y prometer investigaciones, mientras la violencia persiste sin freno. El hecho de que las víctimas tengan antecedentes penales no debe desvirtuar el análisis. El problema no está en señalar a los criminales del pasado, sino en la incapacidad del sistema de seguridad para garantizar que los ciudadanos puedan caminar por las calles sin temor a ser ejecutados por sicarios.
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¿Qué queda de las inversiones en seguridad? ¿De qué sirve un aumento en el pie de fuerza policial si los resultados no se reflejan en la disminución de los homicidios? Las autoridades deben comenzar a pensar en soluciones que vayan más allá de las medidas reactivas y enfocarse en la prevención, la justicia efectiva y la generación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de su protección.
La ciudad necesita respuestas claras, estrategias eficaces y, sobre todo, una justicia que no discrimine entre quienes han tenido problemas con la ley y aquellos que simplemente quieren vivir en paz. Mientras esto no suceda, las calles de Cartagena seguirán siendo el escenario de una violencia que no entiende de inversiones ni refuerzos policiales.
