En Colombia, el poder y la justicia han sido tradicionalmente escenarios de disputas políticas, manipulaciones y, en muchos casos, de descarada corrupción. Lo que en un principio fue presentado como una estrategia de “humanización carcelaria” o “búsqueda de la verdad”, ha terminado convirtiéndose, ante los ojos de la opinión pública, en un cuestionable “tour carcelario” con fines claramente políticos, liderado por personajes ligados a la izquierda en el poder.
Este fenómeno, que hoy vuelve al debate por cuenta de las actuaciones de la senadora Isabel Zuleta, tiene antecedentes turbios. El más notorio, sin duda, es el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde el senador Iván Cepeda pasó de ser investigado por supuesta manipulación de testigos, a convertirse en acusador dentro del proceso contra Uribe. No se trata aquí de defender personas, sino de señalar un patrón que levanta serias dudas sobre la imparcialidad del aparato judicial colombiano y la forma en que se ha permitido el uso de testimonios obtenidos en condiciones altamente cuestionables.
Lo que preocupa es la aparente sistematicidad de estas visitas a cárceles del país, donde ciertos congresistas no sólo buscan testimonios, sino que, según se ha denunciado en medios y redes sociales, habrían ofrecido prebendas a cambio de declaraciones. El hecho de que la senadora Zuleta solicitara puestos de importancia dentro del INPEC no es un detalle menor: abre la puerta a una peligrosa instrumentalización del sistema penitenciario con fines partidistas.
Recordemos que Zuleta ha sido protagonista de controversiales declaraciones, como aquella en la que abiertamente sugiere que el presidente Gustavo Petro debería permanecer en el poder más allá del mandato constitucional, a “como dé lugar”. Este tipo de afirmaciones no sólo representan una amenaza directa a la institucionalidad democrática, sino que retratan la mentalidad de ciertos sectores del petrismo radical, dispuestos a sacrificar la democracia por intereses ideológicos.
La reciente salida de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, atribuida a presiones políticas para el nombramiento de funcionarios afines, destapa un entramado más profundo y preocupante. Según diversas fuentes periodísticas, estas presiones habrían estado motivadas por el afán de ubicar a fichas claves en el INPEC y otras instituciones relacionadas con el control carcelario. ¿Con qué fin? La respuesta parece obvia: controlar la narrativa, fabricar testigos, moldear procesos judiciales.
Si a todo esto se suma la reciente frustración del gobierno con la fallida aprobación de la consulta popular en el Congreso, y las reacciones agresivas del presidente Petro (quien ha lanzado advertencias y amenazas a múltiples sectores) el panorama no puede ser más alarmante. El presidente parece haber abandonado cualquier intento de concertación y se ha entregado a una retórica de confrontación, desprecio a la institucionalidad y exaltación de una supuesta legitimidad popular que no se traduce en respaldo legislativo ni en resultados de gestión.
Es urgente que la ciudadanía, los medios de comunicación y los organismos de control miren con lupa lo que está ocurriendo en el país. La democracia no puede ser víctima de la manipulación judicial ni de las ambiciones de perpetuidad en el poder. Si bien toda persona tiene derecho a buscar justicia y a que se le escuche, esto no puede hacerse bajo la sombra de intereses políticos, presiones indebidas o corrupción disfrazada de activismo.
Colombia necesita transparencia, justicia sin banderas políticas y, sobre todo, respeto por la Constitución. El llamado “cambio” no puede convertirse en una excusa para vulnerar principios democráticos ni en un cartel que pesque en río revuelto para atacar a la oposición y consolidar un proyecto autoritario. Hoy más que nunca, la vigilancia ciudadana es vital. El silencio sería complicidad.
