El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió el silencio luego de conocerse la sentencia en su contra, que le impone 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Con un tono firme y cargado de acusaciones, Uribe aseguró que ha sido víctima de una condena “dictada por la política, no por el derecho”.
En una declaración pública, el exmandatario anunció que apelará el fallo proferido por la juez Sandra Heredia y señaló presuntas irregularidades durante el proceso judicial, incluyendo filtraciones anticipadas del fallo, supuestos señalamientos infundados contra su familia y una conducta “intemperante” de la jueza.
“Aquí ha faltado más investigación, que es una de las causas por las cuales ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”, dijo Uribe, quien además cuestionó duramente las afirmaciones de la juez sobre sus hijos: “Se ha tratado a mis hijos de faltos de gallardía, cuando han sido respetuosos de la justicia, aunque críticos del Gobierno”.
El pronunciamiento de Uribe no solo estuvo dirigido a la jueza, sino también a la Fiscalía, a la que acusó de actuar con ligereza. Señaló que “hubo sonrisas cruzadas” entre el despacho judicial y el ente acusador, lo cual, a su juicio, vulneró su honra y contribuyó a una condena injusta.
El expresidente reiteró que, pese al fallo, aún lo ampara la presunción de inocencia al no estar ejecutoriada la sentencia. También insistió en que nunca controló las actuaciones de su entonces abogado, Diego Cadena, investigado por presuntas maniobras indebidas para obtener declaraciones a su favor.
La condena contra Uribe marca un nuevo episodio en un proceso judicial de alto voltaje político, iniciado en 2012 cuando el entonces senador denunció a su opositor Iván Cepeda por supuestamente manipular testigos. La Corte Suprema no solo archivó esa denuncia, sino que volcó la investigación sobre el propio Uribe.
Desde entonces, el caso ha polarizado al país y reconfigurado el mapa judicial y político de Colombia. La reciente decisión judicial es vista por muchos sectores como un parteaguas en la historia de los expresidentes frente a la justicia, mientras para sus seguidores se trata de una persecución con motivaciones ideológicas.
Uribe dejó entrever que podría llevar el caso a instancias internacionales: “Eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional”, dijo, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en el litigio político-judicial que ha dominado parte del debate nacional en la última década.
Aunque sus palabras se centraron en la defensa de su honra y la de su familia, el trasfondo político del mensaje fue evidente. Uribe se presenta como un líder perseguido, y su condena, lejos de cerrar el caso, podría convertirse en una nueva bandera electoral para sus aliados.
