Los enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados como el Eln y el Clan del Golfo desatan el caos en Santa Rosa del Sur y Montecristo. La población clama por intervención estatal mientras persiste el toque de queda ilegal y el desplazamiento forzado.
La violencia se intensifica en el sur del departamento de Bolívar. Cinco soldados profesionales resultaron heridos en las últimas horas durante enfrentamientos armados con presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur, según reportes de medios regionales del Magdalena Medio y Santander.
Los uniformados, adscritos a la Brigada 19 de la Primera División del Ejército Nacional, fueron trasladados de emergencia vía aérea a clínicas especializadas en Bucaramanga. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los heridos, mientras sus familias y compañeros esperan un parte médico alentador.
Este nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto crítico de orden público: desde hace una semana, el Eln impuso un toque de queda ilegal en varias comunidades rurales, confinando a los habitantes en sus casas y limitando su derecho a la libre movilidad. La tensión es constante y la zozobra se apodera de los pobladores, quienes aseguran sentirse abandonados por el Estado.
El viernes 1 de agosto se confirmó, además, el asesinato del soldado profesional Adrián Camilo Madera Tapia, de 30 años, oriundo de Ayapel, Córdoba, y con más de 10 años de servicio en la institución militar. El hecho ocurrió un día antes, el jueves 31 de julio, en el sector Mina Cañón del municipio de Montecristo, también en el sur de Bolívar. Según información oficial del Ejército Nacional, tropas del Batallón de Selva N.° 48 fueron emboscadas por miembros del Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Erlin Pino Duarte.
Adrián Camilo murió cumpliendo su labor de garantizar la seguridad de una región históricamente golpeada por la presencia de actores armados ilegales. Su muerte se suma a una serie de hechos violentos que han recrudecido esta semana en la región.
Enfrentamientos con disidencias de las Farc, ataques a patrullas del Ejército y desplazamientos masivos de campesinos son algunos de los síntomas de un conflicto que sigue sin tregua. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han alzado su voz exigiendo una intervención urgente del Gobierno Nacional para proteger a las comunidades, restablecer el orden y garantizar la seguridad en estos territorios.
“El sur de Bolívar no puede seguir siendo una zona de sacrificio. Es necesario que el Estado haga presencia efectiva y no simbólica”, manifestó uno de los líderes comunitarios de Santa Rosa del Sur.
La situación es alarmante y exige respuestas contundentes. Mientras tanto, la población civil, atrapada entre el fuego cruzado y el abandono institucional, sobrevive en medio del miedo.
