Estar plácidamente disfrutando del paisaje, de sus caballos, recibiendo amigos y lanzando mensajes y discursos a través de las redes sociales desde su hacienda en Llanogrande, municipio de Rionegro, Antioquia, no es cárcel domiciliaria. Porque así como Fico Gutiérrez dijo alguna vez que “plata es plata”, también hay que decir que cárcel es cárcel, así sea domiciliaria; y de todos los privilegios que no le fueron retirados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su supuesta condición de “preso domiciliario”, ninguno le ha sido concedido jamás a otro recluso, intra o extramural.
En cierta medida, los 19 días que Uribe pasó de “reclusión” en su hacienda de Rionegro, cumpliendo la orden de la jueza Sandra Heredia —dentro de la sentencia condenatoria de 12 años de prisión—, se parecen demasiado a los 13 meses y 3 días que Pablo Escobar pasó en su propia cárcel, la infame “Catedral”. Un penal que el capo construyó con su dinero, a su gusto y en su terreno, con el aval del entonces presidente César Gaviria, en 1991. También en Antioquia. También con privilegios.
En Colombia, la cárcel nunca ha sido igual para todos. La historia lo demuestra: mientras miles de presos sobreviven en condiciones infrahumanas, los poderosos —con dinero o con influencia política— obtienen prisiones hechas a la medida. El caso de Escobar en La Catedral y el de Uribe en Llanogrande son capítulos distintos en el tiempo, pero idénticos en el fondo: aquí, la ley no pesa igual para todos.
Escobar, en su “cárcel”, jugaba fútbol en su propia cancha, disfrutaba de jacuzzi, bar, cascada artificial, y seguía al mando del Cartel de Medellín. Recibía visitas, organizaba fiestas y mandaba órdenes. La prisión era una mansión custodiada por guardias comprados. Uribe, en su finca, envía mensajes, da entrevistas, recibe amigos y se expresa libremente en redes sociales. ¿Dónde está el aislamiento? ¿Dónde está el castigo?
Es cierto que hay diferencias sustanciales: Escobar se impuso al Estado mediante violencia y corrupción; Uribe está, al menos formalmente, bajo una decisión judicial. El primero convirtió su cárcel en su centro de operaciones criminales; el segundo no ha violado su detención. Pero el común denominador es claro: en Colombia, los poderosos no conocen la cárcel como la conoce un ciudadano del común.
Los simpatizantes del expresidente y del uribismo se aferran a argumentos jurídicos reciclados para justificar los privilegios que el Inpec le mantuvo al recluso. Alegan que la sentencia no prohíbe expresamente el uso de redes sociales ni las visitas. ¿Y acaso las sentencias contra los presos comunes incluyen esas restricciones? No. Sin embargo, el Inpec sí les decomisa celulares, hace redadas, impone sanciones. ¿Entonces, por qué sí a Uribe y no al resto?
Las imágenes permanecen en la memoria colectiva: Escobar jugando fútbol en La Catedral. Uribe grabando videos desde Llanogrande. Dos momentos, dos figuras, una misma conclusión: la justicia en Colombia se aplica con dos varas distintas.
Al final, ni Escobar pagó su condena, ni Uribe la pagará como los demás. El primero murió huyendo. El segundo seguirá opinando, influyendo, liderando desde su finca. Y Colombia, acostumbrada a la desigualdad, parece resignada a que aquí las cárceles de lujo son parte del paisaje nacional.
La condena más dura, entonces, no la cumplen ellos. La cumplimos nosotros: los ciudadanos de un país donde la justicia sigue siendo selectiva, y el poder, como siempre, encuentra una salida para evadirla.
