Según archivos de la DEA, en 2005 Hugo Chávez aprobó un plan que tenía por objetivo atacar a los Estados Unidos mediante drogas ilegales, «traficadas a través de Venezuela con la colaboración de las fuerzas de seguridad. La cocaína era suministrada por las FARC, quienes a cambio recibían armas”. Así lo afirmaron distintos testigos, entre ellos el coronel Hugo Carvajal, que para ese año era el jefe de Inteligencia venezolano. Ese año, Chávez expulsó a la DEA de Venezuela.
En marzo de 2020, el Distrito Sur de Nueva York formuló cargos federales por «conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína” contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y se anunciaron recompensas de 15 y 10 millones de dólares.
El 10 de enero de 2025, las recompensas aumentaron a 25 millones. El 20 de ese mes, Trump expidió una orden ejecutiva con un procedimiento para designar cárteles internacionales de narcotráfico como «organizaciones terroristas extranjeras» o «terroristas globales especialmente designados». Considera que esos cárteles constituyen una amenaza para la seguridad nacional mayor que la del crimen organizado tradicional y añade que «es política de los Estados Unidos garantizar la eliminación total de la presencia de estas organizaciones».
Un mes después, el 20 de febrero, la banda venezolana Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y los seis principales cárteles de narcos mexicanos fueron declarados como “organizaciones terroristas”. El 25 de julio, se designó al Cártel de los Soles como «terrorista global especialmente designado […] encabezado por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos».
El 7 de agosto, Pam Bondi, fiscal general, anunció que la recompensa aumentaba a 50 millones y acusó a Maduro de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional”.
Un día después, The New York Times reveló que Trump expidió una orden secreta al Pentágono para usar las Fuerzas Militares para combatir los cárteles narcotraficantes designados como “organizaciones terroristas”. Las alarmas se prendieron en Bogotá, Caracas y Ciudad de México. El ELN es considerado una organización terrorista desde el 8 de octubre de 1997, y la Segunda Marquetalia y las disidencias de las FARC lo son desde el 1 de diciembre de 2021. Y se sabe que el gobierno norteamericano evaluó si incluía al Clan del Golfo en la lista de febrero de este año. La puerta quedó abierta.
Aunque Marco Rubio, secretario de Estado, ha alzado la voz contra Caracas desde que se desconocieron los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, a partir de marzo de este año ha aumentado con fuerza el volumen. En una de sus recientes declaraciones, el 12 de agosto, advirtió que al “régimen narcoterrorista” de Maduro hay que enfrentarlo “con algo más que recompensas”, y el 14 afirmó que «no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales. Son una organización criminal que básicamente tomó el control del territorio nacional de un país. [El Cártel de los Soles] es una organización criminal que se hace pasar por un gobierno”.
En la misma línea, el 19, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “Trump está dispuesto a usar todo el poder de los Estados Unidos para detener la entrada de droga a nuestro país […] El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela […] es el líder fugitivo de este cártel [de los Soles]”.
Petro salió en defensa de Maduro. El 10 de agosto dijo que “transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia: Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera […] cualquier operación militar que no tenga la aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”. Por cierto, más allá de la ambigüedad, la orden es inconstitucional. El 21 agregó que “quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘cártel de los Soles’, esa es una mentira que solo sirve para invadir países”.
Desde hace unos días, los EE. UU. están desarrollando una operación de despliegue frente a las costas venezolanas del escuadrón anfibio Iwo Jima, compuesto por tres destructores de la clase Arleigh Burke, un crucero misilístico, un submarino de propulsión nuclear y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines. Los navíos combinan una fuerza de desembarco de 6.500 hombres, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, helicópteros, sistemas de combate Aegis, radares de última generación, potencial informático y tecnologías de misiles que permiten detectar y reducir amenazas múltiples y combatir de forma simultánea enemigos en aire, tierra, mar o debajo del agua. Atrasado por cuenta del huracán Erin, el despliegue debe terminarse esta semana.
¿Qué hará esa fuerza militar? Una invasión como la de Panamá requeriría más hombres. Para capturar a Noriega se desplegaron inicialmente 20.000 hombres. Para entrar a Caracas se necesitarían al menos una brigada para neutralizar Fuerte Tiuna y otra para Maiquetía, más las tropas que capturarían a Maduro y su cúpula. Los riesgos y las potenciales bajas son muchos. Otra posibilidad es una operación como la de Irán, con destrucción precisa de blancos mediante drones y misiles. Descabezaría a la cúpula chavista pero no mostraría el éxito de las capturas. Si eso es lo que se quiere, tendrían que combinar el uso de misiles y drones con fuerzas especiales. Un cuarto escenario es el de apoyar levantamientos militares internos en la FANB con asistencia de las fuerzas norteamericanas. Esa posibilidad debe tener muy preocupados a Maduro y su gente. Las multimillonarias recompensas habrán despertado una creciente paranoia sobre infiltraciones, espionaje y doble juego que seguramente los tiene sin dormir. Finalmente, es posible que la impresionante demostración militar busque forzar la salida de la cúpula chavista, negociaciones secretas de por medio y con garantías, tal y como se acordó en el pasado y después se frustró. Lo que no hará ese despliegue, en todo caso, es dedicarse a la interceptación de droga. Porque esa es tarea de guardacostas y no de semejante fuerza militar, y porque el costo sería desorbitante.
Mientras tanto, van a pasar tres cosas. Los ingresos del régimen disminuirán sustantivamente porque tampoco podrán salir buques con el crudo venezolano. Es posible que, si se prolonga el bloqueo, haya una parálisis de carros, naves y aviones, porque no entrará la gasolina que envía Irán. Y Colombia se inundará aún más de cocaína. Los mafiosos sabrán que los peligros por Venezuela son demasiados.
