Cumpliendo una diligencia de inspección ocular, el pasado 26 de enero se presentó en el corregimiento de La Boquilla, la Juez Quinta del Circuito, en compañía de la Procuradora ambiental y delegados de Capitanía del Puerto, la Corporación Autónoma del Canal del Dique -Cardique, la Alcaldía Distrital y el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena. La causa: una acción popular que interpuse hace 14 años contra Tigelino Mosquera, mascarón de proa de una descomunal y protegida invasión, costoso relleno de siete ‘lotes’ de 70 x 40 metros, a orillas del Caño Luisa en Marlinda.
La autoridad se identificó ante unos nativos que, como barrera humana, condicionaron la diligencia judicial a la presencia del presidente del Consejo Comunitario. Este, altivo, dijo a los diez funcionarios que su obligación era velar por los derechos de los habitantes. Claro, pero también debió ser la de apoyar la inspección, pero no ofreció unas canoas para que llegaran al lugar, frustrándose así la diligencia.
Recuerdo que Soledad Caballero, eterna representante legal de ese Consejo, en aquel tiempo, cual si fuera Estado, ‘legalizó’ allí en ese manglar talado el cambio del uso del suelo, un delito grave tratándose de una zona protegida. Complicidades, perdón, “solidaridades”.
La denuncia penal que formulé contra el ‘mascarón’ Mosquera pasó por cinco fiscales y el último cambió la calificación de urbanización ilegal por usurpación de aguas, y en 2005 precluyó la acción. La Alcaldía expidió la Resolución de restitución 1193 de 2002 y nunca se ejecutó. El delito persiste.
Por aquello de que la justicia cojea pero llega, la acción popular del 2004 está en manos de una Juez que no dejó morir la voluntad de soberanía y recuperación.
Ese Consejo de Marlinda, como otros consejos comunitarios, olvidan que la Ley 70 de 1993 da derecho a las comunidades pero impone obligaciones y límites, sobre todo en cuanto a la protección ambiental y la titularidad de los bienes de uso público, las zonas de bajamar que nunca salen del dominio del Estado (art 6).
Ahora resulta que los dirigentes de Marlinda, entrados en rebeldía, han afirmado que no cumplirán con la sentencia que por riesgo ordenó la reubicación y el derecho del Estado a reconstruir el abusado ecosistema, y presentaron ante el Consejo de Estado una tutela contra la sentencia.
En más de 100 folios afirman que les violaron 16 derechos – no alegados en el proceso – y la demanda la hace un ex juez en representación de Soledad Caballero y a nombre de 195 afrodescendientes propietarios y poseedores, seis de Villa Gloria más 16 propietarios y poseedores no afrodescendientes, entre ellos tres extranjeros. Tienen derecho a presentar una tutela pero, ¿de dónde salen los propietarios si se trata de una zona de bajamar imprescriptible e intransferible?
El artículo 15 de la Ley 70 no admite derechos de titulación o mejoras a extranjeros ni a quienes no sean del grupo étnico porque su posesión es de mala fe. Estratificados, ellos encabezan la tutela que de las 509 familias censadas, solo firman 195. Tome nota señor Fiscal.
