El espectáculo que estamos observando los colombianos con la elección del próximo Contralor General de la República, no puede ser más deprimente y nos muestra de cuerpo entero como determinadas elites políticas atrapan diferentes dependencias del Estado, no con el ánimo que estas sean más funcionales y generen confianza a los ciudadanos, sino que por el contrario, sirvan para favorecer sus intereses y poder amparar a funcionarios que sean de sus afectos y por qué no pensar puedan perseguir a quienes identifiquen como adversarios.
Señalamos lo anterior por la forma como se ha venido desarrollando el proceso de selección y elección que debe culminar este lunes festivo 20 de agosto.
Llama la atención que los congresistas estén más pendientes de colocar a alguien muy allegado al nuevo presidente en lugar de considerar que sea un funcionario que sus actuaciones se orienten a velar por el buen uso de los recursos y bienes públicos, sobre todo cuando es conocida la indignación ciudadana con tantos actos de corrupción que se han venido destapando, sin que se conozcan sanciones ejemplarizantes para los involucrados, sobre todo en altos funcionarios tanto del nivel central como regional.
La puja que hoy se ve por la Contraloría está más orientada a ver qué grupo o partido político se queda con ella o que alianzas se construyen para repartirse el organismo de control, ya que causa suspicacia que en el desarrollo del proceso se hayan desconocido los resultados obtenidos por los aspirantes que se sometieron a las pruebas y evaluaciones realizadas por la Universidad Industrial de Santander, escogida por el congreso para el proceso de calificación de los candidatos, fue así como después de hacer la clasificación, el congreso escogió los cinco primeros que lograron la mejor calificación y otros cinco de manera discrecional dentro de los sesenta que habían obtenidos unos puntajes menores.
En todo este torbellino, ha estado en el centro de atención el nombre del actual presidente de Fedegán, Jose Felix Lafaurie, reconocido militante del Centro Democrático, situación que de por sí, no lo inhabilitaría para ser Contralor, pero dada sus manifestaciones públicas, como la expresada en pasada columna de opinión publicada en el periódico local El Universal, donde manifestaba “nuestro principal activo político es Iván Duque Márquez y vamos a defenderlo sin tropelías ni montajes, desde la democracia, la opinión libre y la protesta pacífica”.
Con estas declaraciones que las tomamos como carta de presentación nos preguntamos. ¿Se podrá estar tranquilo con un Contralor que públicamente manifiesta su defensa al presidente Duque Márquez? Si es así, ¿entonces a quien va a controlar?, cuando de todos es sabido que en la práctica estamos en un régimen presidencialista, donde el peso e influencia del ejecutivo extiende sus tentáculos a los lugares más recónditos del país.
Llama la atención que por medio de una resolución el presidente del senado Ernesto Macías, haya eliminado de un plumazo, la restricción que – no podía ser elegido Contralor General de la Nación quien tuviera vínculos de afinidad con algún miembro del senado – para este caso se evidencia que esa resolución tenía un beneficiario directo José Feliz Lafaurie, al ser este el esposo de la actual senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
Igualmente causa decepción escuchar por algunos medios de comunicación y periodistas reconocidos, señalar que al final, la elección del Contralor depende tácitamente del guiño que haga el presidente Duque, reconociendo en la práctica lo conveniente que resulta para gobernar tener un Contralor de bolsillo, por ello no dudamos en señalar que con estas posturas estamos avalando un mal ejemplo.
¿No observas que con lo del Contralor General existe similitud con lo ocurrido aquí en Cartagena con Manolo Duque, los Concejales y elección de la Contralora Nubia Fontalvo? Me dijo un amigo y apuntó, lo que pasa es que aquí se repartieron libritos, y allá tal vez estén dando enciclopedias… y se marchó diciéndome… El mal ejemplo cunde. Te la dejo ahí.
