Tras la desarticulación de redes de proxenetismo y de trata de personas en el desarrollo de la llamada “Operación Vesta”, en la que fueron detenidas 18 personas, y la puesta en marcha de la cruzada contra los delitos sexuales en Bolívar en la que se obtuvieron 43 órdenes de captura, las actividades se concentraron en restablecer los derechos de las víctimas y ubicar los lugares en los que se promoverían tratos degradantes e inhumanos contra las mujeres en zonas turísticas y concurridas de la ciudad.
En las últimas horas operativos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, La Armada Nacional y Migración Colombia, constataron la existencia de una modalidad ilegal de trata de personas en la que jóvenes, especialmente venezolanas y de diferentes zonas de Colombia, son convencidas de viajar a Cartagena de Indias para atender supuestas expectativas laborales, cuando en realidad serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.
Durante la operación los investigadores encontraron 49 mujeres, 23 de ellas indocumentadas y de nacionalidad venezolana quienes quedaron a disposición de Migración Colombia para verificar su ingreso al país y realizar los trámites administrativos de ley.
Las mujeres fueron rescatadas del dominio y la intimidación de una presunta organización de proxenetismo que las mantenía en hospedajes ubicados en sótanos y precarias condiciones, les proveía una alimentación inadecuada, les retenía cédulas y pasaportes para tener control sobre sus movimientos, las explotaba sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red, a título de ‘cobro’, por el alojamiento y manutención.
Los operativos que se cumplieron en horas de la madrugada del domingo 19 de agosto, permitieron además el hallazgo de un pasillo secreto que comunicaba a dos de los establecimientos entre si y supuestamente era utilizado por clientes y mujeres para los encuentros sexuales y se cree que también para huir de las autoridades. Además se encontraron documentos importantes que revelarían listas de mujeres que allí prestan sus servicios de manera ilegal.
Ahora las investigaciones se centran en ubicar y judicializar a los presuntos integrantes de la estructura criminal que cumplían distintos roles, desde el reclutamiento de las mujeres hasta su control y amedrentamiento que les impedía escapar. Asimismo, iniciarán los procedimientos de extinción del derecho de dominio de los inmuebles utilizados para estas actividades ilegales.
