“Esta es una zona donde se ve de todo, trabajadoras sexuales que entran y salen, peleas, venta de drogas, asesinatos, nosotros somos personas de bien inmersos en una zona de tolerancia hoy pedimos a las autoridades que organicen la ciudad porque nuestros hijos no pueden vivir en estos ambientes mal sanos”, dijo un dirigente comunal del barrio San Pedro de Cartagena.
En la llamada zona de tolerancia al sur de Cartagena en inmediaciones de la Bomba El Amparo donde se han construido de la noche a la mañana sitios nocturnos y grandes hoteles, las autoridades iniciaron operaciones que permitieron rescatar a 23 mujeres del dominio e intimidación de una presunta red de proxenetismo.
Las investigaciones avanzan y de acuerdo al resultado se les podría aplicar la figura jurídica de la extinción de dominio. El asesor del Fiscal General de la Nación, Mario Gómez, en conferencia de prensa desde la capital del país, dijo que los investigadores pudieron constatar la existencia de una modalidad ilegal de trata de personas en la que jóvenes, especialmente venezolanas profesionales en diferentes áreas y de diferentes zonas de Colombia, son convencidas de viajar a Cartagena de Indias para atender supuestas expectativas laborales, cuando en realidad serían obligadas a ofrecer servicios sexuales.
El director regional Caribe de Migración Colombia, Néstor Castro Castañeda, señaló que en el operativo desarrollado el pasado domingo 19 de agosto no se encontraron menores.
Agregó que de las 23 mujeres encontradas en los tres establecimientos de comercio nocturno, cinco estaban indocumentadas y con apoyo de la representación consular de Venezuela se adelanta la validación de sus identificaciones.
Las mujeres estaban hospedadas en sótanos con muy precarias condiciones y con una alimentación inadecuada. Según las autoridades les retenían cédulas y pasaportes para tener control sobre sus movimientos, las explotaban sexualmente y la mayor parte de los recursos obtenidos eran tomados por la misma red, a título de ‘cobro’, por el alojamiento y manutención.
“Ahora viene el proceso de identificación de cada una de ellas y se analiza si alguna de ellas infringió la normatividad migratoria, lo que podría terminar en un proceso de deportación, o en algunos casos el retorno voluntario de estas personas», dijo el director regional Caribe de Migración Colombia, Néstor Castro Castañeda.
