El Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Florez planteó que fruto de un acuerdo liderado por el presidente de Colombia Iván Duque Márquez, la Corte Constitucional pida al Senado enviar la ley estatutaria de la justicia y haga una aclaración sobre las dudas que plantea el Ejecutivo.
Para Carrillo Florez, es claro que la Corte no ha perdido su rol en esta materia como quiera que sigue siendo el tribunal de cierre, teniendo en cuenta que cualquier decisión que tome el Congreso sobre las objeciones debe regresar para su revisión.
Sostuvo también que “lamentablemente, de manera abierta, hay desconocimiento de un fallo de la Corte Constitucional que tuvo control previo único y exclusivo” por la naturaleza especial de la ley.
El procurador hizo su planteamiento con base en el análisis que el tema de la ley estatutaria ya no es de objeciones, sino de decisiones de la justicia, porque este proceso ya fue cosa juzgada.
“Soslayar el cumplimiento del principio de respeto a decisiones autónomas de la justicia, pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como Estado de Derecho, respetuoso de la separación de poderes y de la independencia del poder judicial”
Fernando Carrillo señaló que estas objeciones generan un enfrentamiento innecesario entre los poderes públicos. “Abrir un espacio a la inseguridad jurídica sobre el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final, abre un debate inoportuno e inútil, desconociendo abiertamente el rol de la Corte Constitucional”.
El titular del Ministerio público asegura que la decisión presidencial agudiza aún más la fractura política del país, por eso le hizo una recomendación al presidente.
“Señor presidente Duque genere consensos, es hora de atender otras posturas. Convoque a las fuerzas vivas del país, y en diálogo social y con las victimas construya una agenda inmediata de ajustes y modificaciones a la JEP, si es que esto es necesario”.
El Procurador pidió una pronta salida a este limbo jurídico y dijo que el Ministerio Público, como sujeto procesal dentro de la JEP, reitera su compromiso con las víctimas y su disposición de oír todas las voces ciudadanas para cumplir con su obligación ante la justicia especial.
