En la campaña electoral en la que George Bush padre perdió con Clinton, este ganó, en buena medida, porque centró el debate en la mala situación económica de Estados Unidos, énfasis que se hizo famoso porque alguien de la campaña fijó un aviso que rezaba: “Es la economía, estúpido”, una curiosa, pero eficaz manera de resaltar el problema principal.
El título de este artículo busca entonces poner de presente que la profunda crisis nacional de subdesarrollo, quiebras, desempleo y pobreza, ya gravísima antes de la pandemia, tiene como culpa principalísima que van 30 años –¡30 años!– de todos los gobiernos dedicados a facilitar la entrada de bienes extranjeros a Colombia, bienes que estamos en capacidad de producir en el país. Generar riqueza y empleo en el exterior y destruirlo e impedirlo aquí es una política que acabó destruyendo una gran parte de la riqueza acumulada a lo largo de décadas y le ha provocado gravísimos daños a la industria y el agro y a la generación de ahorro y empleo, lastrando aún más el progreso nacional.
Se confirmó, además, como también lo advertimos algunos, que era falso que esos errores garrafales se subsanarían con el aumento de las exportaciones, la minería de las trasnacionales y el enorme e irresponsable incremento de la deuda externa, según lo ha demostrado la experiencia.
Este desastre no ha ocurrido, por tanto, como dicen neoliberales astutos y ciudadanos confundidos, porque los productores colombianos –empresarios, asalariados y trabajadores por cuenta propia del campo y la ciudad– sean incapaces de hacer las cosas bien, sino porque además un Estado clientelista y corrupto, que despilfarra los recursos que deberían respaldar el progreso nacional, los obliga a competir con costos mayores que los de los extranjeros, como bien lo muestra que allá ellos producen y exportan con fuertes subsidios y créditos abundantes y baratos, en tanto aquí poco respaldo oficial y crédito escaso y muy caro.
Para lograr el objetivo de facilitar las importaciones –sí, para eso– se pactaron numerosos TLC a favor de los productores extranjeros, y hasta han llegado al colmo de bajarles los aranceles unilateralmente, regalándoles –esa es la palabra– el mercado interno, base insustituible del progreso industrial y agropecuario de cualquier país.
¿El inevitable resultado de este ataque al progreso de Colombia? Más quiebras, más desempleo e informalidad, más pobreza, miseria y hambre, con su conocido corolario: más corrupción, incluido el mayor clientelismo político, que les permite arrear electores a las urnas y gobernar de la peor manera, pero ganar las elecciones. Es decir, un capitalismo subdesarrollado, muy premoderno y excluyente en sus aspectos positivos, capaz de provocar los problemas que por su naturaleza crea este modo económico, pero que no produce, como sí ocurre en otros países, los recursos para atenderlos con seriedad y actitud democrática.
Lo nuevo es que crece la comprensión acerca de que esos tratados fueron mal negociados, contra el interés de Colombia, llevándonos a un callejón sin salida. Porque el petróleo y la minería y la inmensa deuda externa en dólares, que usaron los gobiernos para tapar que la economía se arruinaba y alargarle su agonía, no dan más, se agotaron, en tanto, desde antes de la pandemia, insisto, se sabía del fracaso de esas políticas para desarrollar a Colombia.
Entre las últimas expresiones del creciente desacuerdo empresarial con el actual modelo económico está la muy autorizada del exitoso industrial colombiano Jimmy Mayer, quien, luego de analizar los errores de los últimos años, concluye que “Colombia necesita un cambio en los TLC”, “renegociarlos”, propuesta que, por supuesto no implica renunciar a la economía de mercado ni a los negocios internacionales, sino hacerlos en beneficio del país.
En entrevista en El Tiempo (Nov.13.20), que no resumo en este artículo porque prefiero invitarlos a leerla en bit.ly/2Kv8CQc, entre otros aspectos, Mayer señala la mediocridad de las cifras económicas y sociales del país, enfatiza la insustituible importancia del desarrollo industrial y agropecuario y, con acierto y actitud democrática, explica que no debe maltratarse a los trabajadores y empleados colombianos, a los que, porque los conoce de cerca en sus empresas, les reconoce sus altas calidades.
Otra prueba más de que en Colombia sí hay espacio para lograr amplios acuerdos nacionales, empezando por uno que les sirva de base a los restantes: crear más fuentes de trabajo y riqueza que, como se sabe, son la base del progreso económico, social, político y cultural de la humanidad.
