El presidente de la Asociación de Campesinos Montes de Dios, Enaldo Tovar Monterrosa, solicitó al gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel Scaff, su mediación para revocar una orden de desalojo contra 220 familias campesinas del sector conocido como Cachenche en el municipio de Turbana al norte del departamento.
La solicitud se basa en el Art. 93 de la Ley 1437 de 2011 la cual dice que los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
- Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
- Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
- Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
En la solicitud los afectados le piden al gobernador Blel Scaff que por ser el superior jerárquico del Director Regional Norte de la SAE, medie para que suspendan la orden.
Igualmente denuncian una serie de hechos irregulares que se han venido presentando para obligarlos a salir, entre ellos la presencia de hombres armados y encapuchados que ya atentaron contra uno de los campesinos. La orden de desalojo está fijada para este miércoles 10 de marzo.
Las 220 familias se encuentran ubicadas por parcelas en una extensión de más de 250 hectáreas, algunas con más de 15 años, otras con más de 10 y algunas más recientemente.
“El pasado 4 de marzo del año en curso llegó una orden de desalojo del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 060-76813 contra todos los campesinos, pero no se sabe realmente cual es el predio, ni sus linderos, ni cabidas, ni que familias campesinas se encuentran dentro del mismo ya que en todo el sector de Cachenche, compuesto aproximadamente por 10 predios se encuentran alrededor de 220 familias campesinas”, dijo Tovar Monterrosa.
Denunció que un inspector de policía del municipio de Turbana llegó hace unos meses, habló con algunos campesinos y trato de obligarlos a firmar un acta el cual ellos se negaron, y el inspector hizo un informe mentiroso manifestando que algunos se encontraban ahí cultivando pero que le habían dicho que no lo hacían como poseedores.
Denunciaron además que la abogada Nataly Gaitan llegó en enero a los primeros terrenos y después de solicitarles permiso para ingresar y realizar un censo poblacional, les dijo con engaños a los campesinos que eso era para beneficiarlos.
“Como no conoce cuales son las tierras varios campesinos la acompañaron y realizó el censo parcial de aproximadamente 60 familias, estuvo solo dos medios días, y manifestó estar acompañada de un ingeniero para determinar los puntos del predio, algo imposible de realizar en tan corto tiempo, ya que para ejecutar una identificación clara de un predio que supuestamente tiene 167 hectáreas se necesita por lo menos 15 días y se requiere un topógrafo profesional, herramientas especializadas, acompañado de varios cadeneros y personas conocedoras del sector que vayan abriendo camino a punta de machete, para determinar los verdaderos linderos y cabidas”, dijo Tovar.
Aseguró que después de la visita de la abogada Gaitan comenzó el hostigamiento contra los campesinos, presentándose acciones de inseguridad permanente, “de noche llegaban personas a robar los ranchos y a destruir los cultivos, y hace diez días dos hombres en moto atentaron contra la vida de su hijo.
En la misiva enviada al gobernador señalan que, “si bien es cierto que en las anotaciones No. 14 y 15 del 25 de abril del 2012 se registraron las resoluciones de la Fiscalía Sexta Especializada de Bogotá en extinción de dominio, donde dicta medida cautelar de embargo y secuestro y suspensión del poder dispositivo del bien inmueble, nunca supimos de ninguna clase de proceso jurídico sobre este predio, igualmente nunca se ha sabido de alguna acción visible como secuestre de la SAE, como mero tenedor del bien”.
Señalan además que, “Una prueba contundente del total desprendimiento y desconocimiento de la SAE sobre este predio es que, firmó la escritura No. 385 del 28 de diciembre de 2018 de la Notaria Única de Turbaco (Bolívar), constituyendo una servidumbre con la empresa Promigas para enterrar un tubo de gas, en 20 mil metros cuadrados (2 hectáreas), por valor de 2.176.403.000 pesos; no estando facultada legal ni jurídicamente para constituir esta clase de servidumbre, ya que eso solo lo puede hacer el que tenga el pleno dominio del bien, esta advertencia la hizo el notario en la escritura y les advirtió que lo hacían bajo su responsabilidad; además la escritura fue rechazada en la oficina de registro para que realizaran unas correcciones, pero estas correcciones solo se hicieron 2 años después mediante escritura No. 3645 del 20 de octubre del 2020 de la Notaria 3ra de Barranquilla, y las dos escrituras fueron registradas el 12 de diciembre de 2020 en las anotaciones No. 18 y 19 del certificado de tradición, pero a pesar que aún no estaba legalizado el negocio Promigas ya había enterrado los tubos desde mucho antes, 2 años atrás y no tomó solamente 20 mil metros cuadrado o 2 hectáreas como dice la escritura, sino que la servidumbre tiene aproximadamente 80 hectáreas. Esto demuestra que la SAE nunca se dio cuenta de esto”.
Argumenta los afectados que la población ocupante del inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 060-76813, posee de manera pacífica el bien, del cual adquieren su sustento y están asentados algunos, hace más de 20 años, otros más de 10 años y otros menos, tiempo durante el cual el Estado nunca les informó de la situación jurídica que se presentó con una parte de las tierras, por lo que un desalojo sin tener en cuenta las condiciones especiales de vulnerabilidad de las personas que allí habitan podría ponerlos en un gran riesgo, y violaría sus derechos fundamentales a la vida digna, vivienda digna, mínimo vital, derecho al debido proceso y derecho a la posesión siendo muchos de ellos personas de especial protección constitucional.
Los campesinos además de la petición de suspender la orden de desalojo, solicita a la Fiscalia sexta especializada en extinción de dominio de Bogotá, Superintendente de Notariado y Registro, director del IGAC y la Sociedad de Activos Especiales – SAE, realizar un estudio de títulos, de toda la tradición del predio en conflicto revisando los reales linderos y extensión de los mismos.
También solicitan revisar todas las escrituras para determinar la cabida real del predio y se realicen las modificaciones pertinentes en el IGAC, en la Superintendencia de Notariado y Registro y en proceso que cursa ante la Fiscalía Sexta especializada en extinción de dominio de Bogotá.
«Quedó demostrado que el predio en litigio no tiene 167 hectáreas, como ha querido demostrar la SAE; y que se ha podido comprobar que en el pasado, particulares, mediante maniobras fraudulentas y delictuosas, aumentaron la extensión del predio, contando con la complicidad de notarías, Oficina de Registros Instrumentos Públicos, IGAC”, anotó el presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, Héctor Pérez Fernández.
«Luego de determinar la verdadera cabida del predio (que realmente no son más de 50 hectáreas), determinar cuántas familias están ubicadas en este predio realizando un censo y caracterización para saber quiénes tienen derechos posesorios adquiridos y quienes están más recientemente cultivando y explotando la tierra.
Después de caracterizar quienes están recientemente cultivando en sus parcelas en este predio, se les deje a este grupo de campesinos en administración bajo la figura de depósito provisional establecida en el Art. 99 de la Ley 1708 de 2014 o a través del mecanismo más idóneo y se permita una tenencia pacifica por parte de las familias que lo tienen actualmente.
Se respeten los derechos adquiridos por los poseedores que están garantizados constitucionalmente y que serán materia del respectivo censo y caracterización. Ellos se harán parte en el respectivo proceso de extinción de dominio, pero lo sorpresivo y por lo prematuro del tiempo aun no lo han podido hacer.
Se solicite a la Fiscalía Sexta especializada revocar las órdenes de embargo y secuestro que recaen sobre el predio por no haber seguido el debido proceso y haber desconocido los derechos de los terceros poseedores y por ultimo piden al gobernador de Bolívar, solicitar al Superintendente de Notariado y Registro, corregir todas las inconsistencias registradas en la tradición de este predio y ordenar el bloqueo de la matrícula 060-76813.
