Nord Stream 2 es el gasoducto submarino de 2.460 kilómetros que conectará a Rusia con Alemania y Europa Central, desde el este, a través de 1.200 kilómetros por el mar Báltico, con un costo de 12.000 millones de dólares y transportará unos 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Este megaproyecto, ha sido un tema controvertido y el de mayor tensión entre Estados Unidos y Alemania, hasta el Acuerdo alcanzado el pasado miércoles 21 de julio entre Joe Biden y Angela Merkel. Efectivamente, el megaproyecto fue muy criticado a partir de 2018 por el presidente Donald Trump, argumentando que energéticamente volverá a Europa muy dependiente de Rusia.
Del mismo modo, para el actual presidente estadounidense, la construcción del gasoducto es una “mala idea”. Malo, tanto para Europa como para Estados Unidos, debido a que va en contravía con los propios objetivos de seguridad energética de la Unión Europea (UE). Además, potencialmente menoscaba los intereses de Ucrania, Polonia y otros socios o aliados cercanos, según afirmó el Secretario de Estado Antony Blinken en la reunión de ministros de relaciones exteriores de la OTAN, celebrada en Bruselas este año, a finales de marzo.
Básicamente el Acuerdo consiste en que Estados Unidos dejará de obstaculizar la tubería del 10% faltante para completar el gasoducto, mientras que Alemania se compromete a garantizar la protección del suministro energético de Ucrania. En su declaración conjunta, Estados Unidos y Alemania, asumieron el compromiso de “asegurar que Rusia no usará de forma inadecuada ningún gasoducto, incluido Nord Stream 2, para lograr fines políticos agresivos mediante el uso de la energía como un arma”. Así mismo, Alemania se comprometió a promover la aprobación de sanciones ante la Unión Europea, contra Rusia, en caso que Moscú pretendiera «usar la energía como un arma» o cometiera «nuevos actos agresivos contra Ucrania».
No obstante, sumado al temor que tiene Washington sobre la gran dependencia que tendrá la Unión Europea del gas ruso, también existe el riesgo de un enorme daño económico a Ucrania por parte de Rusia, enviando el gas directamente a Alemania. Al respecto, la Canciller Angela Merkel, durante su reciente reunión con Biden que dio lugar al Acuerdo, consideró que Ucrania debe continuar siendo un país de tránsito para el gas natural y tiene derecho a la soberanía territorial como cualquier otro país, por lo que su gobierno está comprometido con el protocolo de Minsk.
Por tanto, recalcó que el suministro de gas a Ucrania no se interrumpirá de ninguna manera con Nord Stream 2, al contrario, Alemania ayudará a que se prorrogue “una extensión de hasta 10 años” de su contrato de tránsito con la compañía rusa Gazprom, vigente hasta 2024. Más aún, se invertirá en la reconversión de la industria energética ucraniana, para lo cual Alemania participará en un fondo de 1.000 millones de euros. De otro lado, si Rusia ejerciera presión sobre Ucrania o interrumpiera el paso de gas, como lo temen la propia Ucrania, Polonia y EE.UU., Moscú se vería expuesto a sanciones.
El proyecto alemán es coherente con la decisión de prescindir de otras fuentes energéticas como el carbón y la energía nuclear, para enfocarse en el propósito que tiene la Unión Europea de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050, con energías limpias, en el marco del Acuerdo de París. Para tal efecto, la Comisión Europea actualizó en 2018 su visión estratégica a largo plazo de “un planeta limpio para todos” y sus principales objetivos vinculantes apuntan a que en 2030 se logren, entre otros: el 40% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990, el 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, 32,5% de mejora de la eficiencia energética y 15% en la interconexión eléctrica de los Estados miembros.
Al margen de lo anterior, es necesario reconocer que al asumir la administración Biden el gasoducto bordeaba el 90% de su construcción y se prevé que esté terminado al final de este año, por lo que frenarlo con sanciones resultaría una estrategia inocua. Por otra parte, zanjar la problemática con el Acuerdo, aprovechando que la Canciller Angela Merkel está próxima a salir del poder, constituye una acertada decisión de Biden al privilegiar la relación con Alemania frente a eventuales sanciones contra las empresas alemanas, lo que complicaría sus relaciones al involucrar a la Unión Europea.
Sin embargo, si bien es un acuerdo sustancial para las relaciones transatlánticas, ya que libera la tensión existente y mantiene incólume la alianza entre Estados Unidos y Alemania, lo cierto es que el Acuerdo conlleva una serie de implicaciones que merecen atención. En primera instancia, se duplicarán las exportaciones de gas desde Rusia hacia Alemania, por lo que no solo entrarán miles de millones de dólares a las arcas rusas, provenientes de la economía alemana, sino que también la posición de poder de Rusia amenaza a la seguridad geopolítica en Europa central y oriental, en países como Ucrania y Polonia. De ahí que el suministro de gas se podrá convertir en un arma política de Vladimir Putin y la agresiva política exterior rusa, para ejercer presión.
Tampoco se puede pasar por alto la consideración de Ucrania al sentirse la más perjudicada con el Acuerdo, dado que su economía y seguridad están pasando dificultades. Por ello es clara la necesidad de construir alianzas sólidas con EE.UU., la UE y su persistencia en que se le permita entrar a esta última y a la OTAN, con el fin de enfrentar las provocaciones y amenazas rusas. De lo anterior se desprende la importancia de la visita del presidente Volodímir Zelenski de Ucrania a su homólogo Joe Biden, el próximo 30 de agosto en la Casa Blanca, para reforzar el valor simbólico del compromiso de Estados Unidos en la defensa de la integridad territorial de Ucrania ante las agresiones de Rusia.
El nudo gordiano se encuentra en que el Acuerdo es desesperanzador sobre las posibilidades de EE.UU. y Alemania, más allá de potenciales sanciones, en caso que Rusia incumpla con los miles de millones de dólares que cada año Moscú debe pagar a Kiev, por el uso de una de las tuberías que atraviesa Ucrania y por las que actualmente se envía gas desde Rusia a Europa. Concretamente, bajo el acuerdo actual, la empresa rusa Gazprom es la que deberá pagar las tarifas de tránsito hasta 2024, incluso si deja de usar los ductos ucranianos. En consecuencia, lo más importante es que el Acuerdo proporcione la ayuda necesaria para proteger a Ucrania y contribuya a impedir el plan ruso de “extender su influencia maligna en Europa”, como lo advirtió el Departamento de Estado estadounidense.
