“…los bancos de crédito, imponen sus normas a países y empresas para que puedan acceder al crédito, ellos, los disfrazan con asesoramiento o asistencia técnico-financiera…”
Los estados han evolucionado de tal manera que difícilmente un gobierno de derecho, centro o izquierda, pueda implementar sus teorías o políticas sin mirar el contexto interno y exterior. Es cierto que diferentes gobiernos se quieran perpetuar en el poder casos Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, entre otros más, y ello le represente inconvenientes de tipo económico que los pueden catapultar a situaciones extremas de Gobernanza y Gobernabilidad.
En años recientes, y para el caso de Colombia, muchos gobernantes ponían en práctica sus políticas con base en sus concepciones económicas, sociales, religiosas y así ejercían la gobernanza. Pero, cuando la sociedad de consumo avanzaba, también lo hace el empresarismo y en forma paralela las entidades financieras que de una u otra manera intervienen en el manejo de los estados.
La gobernanza imperante se ha ido desterrando poco a poco con el auge del neo liberalismo, con la reducción al mínimo de la injerencia del estado para la toma de decisiones por efectos del libre mercado, la libertad económica, la privatización y la desregulación. Recordemos que hace treinta años mal contados, Colombia, manejaba un presupuesto donde el 60% se dedicaba al pago de la nómina, otro tanto a la deuda externa y muy poco al desarrollo de su infraestructura e inversión social. Manejábamos una contabilidad solo para los colombianos y el atraso en la implementación de las NIIF y las Tic era ostensible, de una manera especial en el Internet que catapultó el entierro de la conexión telefónica.
Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), o los bancos de crédito, imponen sus normas a países y empresas para que puedan acceder al crédito, ellos, los disfrazan con asesoramiento o asistencia técnico-financiera.
Esas exigencias son requisitos para los que desean endeudarse, políticas extremas, antipopulares, que a más de las anteriores se les agrega la obligatoriedad de la rebaja de impuestos al sector financiero, la de importar productos con los países con tratados comerciales o de libre comercio, así se quiebren nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas, en fin, más que colaboración, son exigencias que los que deseen acceder al crédito, deben satisfacer, caso contrario tendrían que solucionar sus problemas económicos con recursos propios, cosa difícil de manera especial en países en vías de desarrollo
Los estados han perdido su papel hegemónico con relación al desarrollo de sus necesidades y al ordenamiento de la vida pública ya que irremediablemente le toca compartir decisiones con esos actores públicos y privados, nacionales e internacionales, que normalmente van en contra vía de bienestar social
Los restos de la gobernanza que todavía nos queda, nos quiso regresa a insucesos de nunca olvidar, como la extinta reforma tributaria de Carrasquilla, que nos trajo a los cinco neo-liberales consultores internacionales, para rebajarnos el salario mínimo, el famoso y antipopular proyecto de Ley 010 de 2020, donde las ARL se encargarían de los asuntos laborales y las IPS como clínicas y hospitales, la que intentó que el senado de la República, les aprobaran quitarle la pensión a las esposas y/o esposos, hijos discapacitados o especiales de los fallecidos. La memoria histórica no se olvida.
Para dejar atrás la gobernanza, es necesario implementar una exitosa gobernabilidad, la cual es el arte de gobernar, de la manera como el gobierno edifica y desarrolla decisiones, buscando la estabilidad política, social, económica y religiosa del entorno, conjuntamente con todos los órganos del estamento, incluyendo gobernaciones y alcaldías, a fin de impulsar el desarrollo, el empleo y evitar el saqueo a las arcas públicas, evitando los contratos leoninos con fundaciones y ONG, cuando se convierten inexplicablemente en entes “Multi-propósito” para contratar obras públicas sin ninguna clase de experiencia.
El resultado está a la vista, cuando no hay gobernabilidad, cada quien gobierna para sus intereses, y la muestra está en el entramado de contratos de “la Unión Temporal Centros Poblados” y las inmensas obras inconclusas enunciadas por el “Contralor General de la República, Felipe Córdoba, con su balance de 21 de mayo de 2021 con más de 1.061 obras por $6,7 billones de pesos, catalogadas como elefantes blancos o Mamut, principalmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Magdalena, Putumayo, Caldas y otros tantos.
A esos “elefantes blancos o Mamut”, se le llama falta de gobernabilidad.
