“La verdad es a los sistemas de pensamiento, como la justicia a las instituciones sociales”; esta expresión escrita por Jhon Rawl en su libro: Teoría de la justicia pretende mostrar la importancia de tener instituciones justas en el funcionamiento de un orden social; algo esquivo en estos tiempos de incertidumbres fabricadas. Las instituciones sociales no han cumplido sus fines esenciales para lo que fueron creadas en términos de justicia social. Lo cual muestra la tendencia afianzada en América Latina, donde Colombia es referente de una sociedad construida sobre instituciones injustas.
De acuerdo con Tomas Piketty, en su libro: Capital e ideología, donde plantea que el combate por la desigualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. Esto tiene que ver con la democratización y acceso al conocimiento que posibilita mayores niveles de igualdad. Mientras más ignorante es una sociedad, más fatalista se vuelve, más asimétricas y, siempre a la deriva.
En este sentido, no tener un estado de bienestar que garantice derechos básicos y dignos para la población, condena a una sociedad a la injusticia social. De acuerdo con la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Colombia tiene una pobreza multidimensional del 34.1%; la informalidad en 46%; desempleo de 17.23% y una caída del PIB de -6.8%.
La pobreza creció a nivel mundial en un 9.8% y en América Latina y el Caribe, en un 11.76% como consecuencia de la contracción económica y la caída del PIB; lo anterior, supone que el total de la población pobre en América Latina ascendió a 209 millones a finales de 2020; es decir, 22 millones de personas más que el año anterior y, según documento CONPES, en el año 2019 la clase media en Colombia representaba 30.79% de la población; mientras que en el 2020 pasó a ser 26.42%, y la población pobre pasó de 27% a 36.4%, no obstante, la clase alta se mantuvo igual en 2.4%. Lo anterior se ratifica en un estudio realizado por la Red de banco de alimentos y la ANDI, donde se muestra, que hay 21 millones de colombianos con dificultades para comprar alimentos; lo que afecta con mayor fuerza, departamentos como La Guajira, Chocó, Amazonas, Vaupés, Córdoba, Guainía y Nariño; donde se revelan cifras alarmantes de pobreza; zonas donde miles de familias padecen el flagelo del hambre, que solo cuentan con una comida diaria. Estas cifras muestran una realidad aterradora y vergonzante; cuando 6 de cada 100.000 niños murieron en el país durante el 2020 a causa del hambre.
El informe es muy preciso cuando indica: «los niños con desnutrición crónica, está demostrado que van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, y 54% menos ingresos» es decir, estamos destruyendo el presente de Colombia. Esta realidad, requiere de instituciones justas.
