Por estos días, en el debate político-electoral de quienes aspiran a ocupar una curul en el Congreso de la República, escenario donde se legisla y hacen las leyes para reformar la sociedad democráticamente, es común escuchar y leer propuestas realizables y no realizables, populistas y técnicas, demagógicas y sensatas.
Lo anterior, comprensible, teniendo en cuenta, que los candidatos centran su esfuerzo en captar electores, “lo importante, son los medios y no los fines”; además, confunden las funciones del Congreso con otras ramas del poder público.
El Congreso tiene la competencia de legislar y hacer el control político con iniciativas que respondan a los temas, problemas y demandas del país nacional; para ello, requiere que las iniciativas generen procesos de entendimiento, acuerdos y consensos que deben ser resultado de la deliberación pública; es así, como se pueden convertir en ley. En este sentido, las propuestas de los candidatos al Congreso de la República deben tener como fundamento esencial, un conocimiento de los hechos y fenómenos sociales a nivel local, regional y nacional; hacer propuestas pertinentes a la ciudadanía, viables y trasformadoras.
En consecuencia, es imperativo reiterar una vez más, una serie de propuestas difundidas hace 5 años desde la Universidad de Córdoba relacionadas con el financiamiento y democratización de la universidad pública. Hemos escuchado propuestas de candidatos al Congreso acerca de presentar un proyecto de ley para eliminar el pago del derecho de grado e inscripción en las universidades; propuestas que desconocen el problema estructural de desfinanciamiento de la educación pública superior en Colombia; por ello, es importante que los candidatos conozcan este tema y asuman un liderazgo contextualizado.
Necesitamos que el Congreso reforme la Ley 30 del 1992, la cual rige la educación superior; específicamente los artículos 86 y 87. Que cambie el IPC como indicador de transferencia de los recursos financieros de la Nación a las universidades; en el entendido que, las universidades públicas han crecido 5 puntos por encima de este indicador de transferencia; limitando el crecimiento de las universidades en materia de funcionamiento, infraestructura física, técnica, tecnológica, vinculación docente; principalmente, en materia de cobertura, lo que ha generado un déficit financiero estructural de 15 billones de pesos en los últimos 30 años; que han tenido que suplir las universidades a través de la venta de servicios; esfuerzo que nos genera el 49% de los recursos financieros para funcionamiento. Es urgente esta reforma en la próxima legislatura, y responde a un problema que el Congreso debe resolver. De igual manera, con el liderazgo de los congresistas de Córdoba, se espera sacar adelante la regionalización de la Universidad de Córdoba.
Importante señalar, que nuestro Departamento tiene una cobertura del 23% en educación superior, cuando el promedio nacional está en un 51%. Los jóvenes de Colombia y Córdoba esperan del próximo Congreso, leyes que construyan justicia social, esto, con el fin de impedir que nuestra juventud siga siendo ejército de reserva para la guerra y las distintas formas de ilegalidad que existen en el territorio nacional.
