En una decisión que ha generado un fuerte impacto en la comunidad educativa de Cartagena de Indias, el docente Ricardo Javier Díaz González, adscrito a la Institución Educativa San José de Caño del Oro, fue sancionado con 10 años de inhabilidad tras un proceso disciplinario iniciado en 2017 por acoso sexual a una estudiante.
El 17 de octubre de 2023, se emitió un fallo sancionatorio de primera instancia que determinó la destitución e inhabilidad del profesor por 10 años, considerando la falta como gravísima con dolo, basándose en una serie de elementos probatorios. El profesor presentó un recurso de alzada contra esta decisión, pero el fallo de primera instancia fue confirmado mediante Resolución 0112, emitida el 23 de enero de 2024 por el alcalde encargado del Distrito de Cartagena.
La sanción se hizo efectiva el 2 de abril de 2024, y las comunicaciones pertinentes fueron realizadas por el Asesor de Despacho, Erick Urueta Benavides. La sanción fue registrada ante la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Talento Humano de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena.
Por parte del Gobierno Distrital, se reafirmó el compromiso con la protección de los estudiantes y la lucha contra cualquier tipo de violencia, especialmente aquella dirigida contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se enfatizó que todas las medidas necesarias serán tomadas para investigar y sancionar a los responsables de actos que atenten contra la integridad de los estudiantes, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.
Finalmente, el fallo disciplinario fue ejecutado mediante el Acto Administrativo No. 0575, fechado el 15 de abril de 2024, por el Secretario de Educación Distrital, asegurando la efectividad de la sanción y la destitución del profesor Ricardo Javier Díaz González, quien impartía clases de química.
La sanción de 10 años de inhabilidad significa que Díaz González no podrá ejercer como docente ni ocupar cargos públicos durante una década, lo cual representa una medida severa en el ámbito educativo.
Este tipo de sanciones se aplican para preservar la integridad y la calidad del sistema educativo, así como para asegurar que quienes están al frente de la formación de los estudiantes cumplan con los más altos estándares éticos y profesionales.
