El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su enérgico rechazo a la reciente decisión del Juzgado Décimo Civil del Circuito, que ordenó el embargo de cuentas estatales debido a una deuda del Gobierno Nacional con Empresas Públicas de Medellín (EPM). La medida, que pone en riesgo la financiación de diversas operaciones del Estado, ha generado un fuerte debate político y económico en el país.
El mandatario, tras conocer la orden judicial, denunció que el embargo tiene un claro trasfondo político y consideró que no solo «el uribismo sabotea la financiación del Gobierno», sino que también busca obstaculizar los pocos recursos con los que cuenta la administración para llevar a cabo su gestión. «Es incomprensible que los recursos del Estado sean embargados en lugar de ser destinados a cumplir con las obligaciones y necesidades sociales», afirmó Petro.
El presidente también dijo que la decisión judicial no responde a los intereses de Medellín, Antioquia ni del país en general. Durante una sesión del Consejo de Ministros, Petro instruyó a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a tomar acciones frente a la demanda presentada por EPM. En su intervención, insistió en que el Gobierno Nacional mantiene su función constitucional de vigilancia y control sobre los servicios públicos. «No se puede permitir que se violen los derechos constitucionales del Gobierno», sostuvo Petro, recalcando que la protección de los intereses nacionales está por encima de cualquier controversia.
El presidente también cuestionó el papel de EPM en este litigio, sugiriendo que si la empresa de servicios públicos actúa en contra del interés nacional, estaría incumpliendo su propia misión. «Las empresas de servicios públicos deben estar al servicio de la ciudadanía, no de los contratistas que buscan enriquecerse con los recursos del Estado», señaló.
Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió la decisión de llevar el caso ante la justicia, subrayando que el Gobierno Nacional ha incumplido con el pago total de los subsidios a la tarifa de energía para los estratos 1, 2 y 3, una deuda que ya supera los 1,2 billones de pesos. Gutiérrez recordó que, a pesar de los múltiples intentos por establecer canales de diálogo, el Gobierno no respondió a las solicitudes, lo que llevó a la administración de Medellín a tomar la vía legal. «Hicimos todo lo posible por encontrar una solución de manera pacífica, pero ante la falta de respuesta, tomamos la decisión de acudir a la justicia», afirmó el alcalde.
Este enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la administración de Medellín ha escalado a una demanda formal contra el Estado por las deudas pendientes con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-EPM, así como con otras filiales del sector eléctrico, incluyendo Afinia. La situación ha desatado una serie de preguntas sobre la sostenibilidad financiera de las entidades públicas y el impacto que esta disputa podría tener en los servicios esenciales para los ciudadanos.
El desenlace de este conflicto tiene implicaciones no solo para las relaciones entre el Gobierno y las entidades territoriales, sino también para la estabilidad económica de las regiones y el funcionamiento de los servicios públicos en todo el país. Mientras tanto, las autoridades nacionales y locales seguirán enfrentándose en los tribunales, lo que podría generar nuevas tensiones en el panorama político y económico de Colombia.
