En Cartagena de Indias, Bolívar, una ciudad asediada por la violencia, la pobreza y la corrupción, el silencio institucional no es casual: es una forma de poder. Así lo confirma un reciente fallo judicial que pone en evidencia la desidia –o el cálculo político– con el que la Administración Distrital maneja los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Tribunal de segunda instancia revocó una polémica sentencia que había negado la tutela interpuesta por José Jorge Bejarano Arrieta, representante legal de la Fundación Tejiendo Democracia. Su petición era clara: quería saber en qué se están invirtiendo los recursos del llamado Plan Titan24, ese que prometía blindar a Cartagena contra la delincuencia y devolverles la seguridad a sus barrios.
Pero la respuesta de las entidades fue, una vez más, una burla al ciudadano: evasiva, extemporánea y contradictoria. La Secretaría del Interior al mando de Bruno Hernández, alegó que sí respondió, pero fuera del término legal. Distriseguridad, dirigida por Jaime Hernández Amin por su parte, simplemente negó haber recibido la solicitud. Nadie asumió responsabilidades. Nadie entregó la información de fondo. Nadie pidió disculpas.
Este no es un caso aislado. Es el síntoma de un modelo de gestión pública desconectado de la ciudadanía, hermético y complaciente con la impunidad. Un modelo donde el derecho de petición –la herramienta más básica del control democrático– se convierte en un trámite decorativo, diluido en tecnicismos y excusas.
La información solicitada por la Fundación no era trivial. Se pedía rendición de cuentas sobre el funcionamiento de comandos élite, compras en seguridad, creación de estructuras de análisis criminal, la política pública de seguridad humana y operativos del controvertido ECOBLOQUE. Todo esto en una ciudad donde los habitantes conviven a diario con atracos, extorsiones y homicidios selectivos.
¿Por qué tanto misterio?, ¿Quién le teme a la transparencia? ¿Por qué una petición sobre recursos públicos termina judicializada como si fuera un acto de insurrección?
El fallo del tribunal fue contundente: se violaron derechos fundamentales. Se vulneró el debido proceso. Se frustró el derecho a la verdad. Se dejó sin respuesta una pregunta esencial: ¿Qué están haciendo con la plata de la seguridad en Cartagena?
Este episodio no puede pasar inadvertido. Urge una reflexión colectiva y una movilización ciudadana por la transparencia. Los cartageneros tienen el derecho a exigir claridad, no solo sobre los planes de seguridad, sino sobre cada peso que se gasta en su nombre.
Desde 724 | Noticias, exhortamos a los otros medios de comunicación, veedurías, líderes comunitarios y universidades a tomar este caso como ejemplo de por qué Cartagena no puede seguir tolerando una administración que se esconde tras el escritorio y la firma digital. Porque cuando el poder no responde, es el pueblo quien debe hacerse escuchar.
